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Chile
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La Subtel ordenó el bloqueo de 42 sitios de apuestas online, una medida valorada por la industria de casinos, aunque advierten que no solucionaría el problema de fondo. El académico Juan Ignacio Contardo aborda el escenario jurídico y los alcances de la resolución.
El debate sobre las apuestas online en Chile volvió a instalarse luego de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenara el bloqueo de 42 sitios de apuestas, medida que fue destacada por la industria de casinos, aunque también generó cuestionamientos entre las plataformas afectadas.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Juan Ignacio Contardo, explica los alcances jurídicos de esta medida y cuál es actualmente la situación de las plataformas de apuestas por Internet en el país.
Uno de los principales puntos de discusión es determinar si las plataformas de apuestas deportivas y juegos de azar que operan por Internet cuentan actualmente con autorización para funcionar en Chile.
El marco jurídico nacional establece una regulación estricta para los juegos de azar y reserva su explotación a entidades que cuentan con autorización legal. En este contexto, la situación de las plataformas online ha sido objeto de una disputa judicial y legislativa durante los últimos años.
Por ello, no basta con que una plataforma opere desde el extranjero para determinar automáticamente que su actividad es legal dentro del territorio chileno. El punto central es si cuenta con las autorizaciones correspondientes para ofrecer juegos de azar a personas ubicadas en Chile.
La orden de Subtel busca impedir que los usuarios en Chile puedan acceder a los 42 sitios identificados, mediante el bloqueo de sus dominios por parte de los proveedores de servicios de Internet.
En términos prácticos, un usuario que intente ingresar desde Chile a uno de estos sitios podría encontrarse con que la página ya no está disponible.
Sin embargo, el bloqueo de los dominios constituye una medida de carácter técnico y no necesariamente resuelve todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de estas plataformas.
La industria de casinos ha valorado la decisión, pero sostiene que se requiere una solución integral que permita enfrentar la oferta de apuestas online que continúa disponible en Internet.
Algunas plataformas han planteado reparos debido a que el bloqueo habría alcanzado incluso a operadores que, según sostienen, no estaban incluidos originalmente en la resolución judicial.
Frente a esta situación, existe espacio para analizar jurídicamente si la medida se ajusta exactamente a los alcances de la resolución que le dio origen.
La discusión podría centrarse, entre otros aspectos, en qué sitios fueron expresamente incluidos, cuál es el alcance de la orden y bajo qué fundamentos se extendió el bloqueo a determinados dominios.
En consecuencia, si una plataforma considera que fue afectada por una medida que excede lo establecido judicialmente, puede evaluar las vías legales disponibles para impugnarla.
El caso también evidencia la dificultad de fiscalizar una actividad que funciona principalmente en Internet y que puede involucrar operadores ubicados fuera del país.
Para el académico Juan Ignacio Contardo, el desafío jurídico consiste en establecer reglas claras que permitan determinar qué plataformas pueden operar, bajo qué condiciones y cuáles son las responsabilidades de los distintos actores involucrados.
Mientras continúa el debate legislativo y judicial sobre las apuestas online, el bloqueo de estos 42 sitios marca un nuevo episodio en una disputa que todavía está lejos de resolverse completamente.