La Fiscalía Local de Coyhaique volvió a concluir la indagatoria por un supuesto fraude al Fisco que tendría como involucrado al senador Miguel Ángel Calisto y formalizó una acusación contra ocho personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.
Según el Ministerio Público, el daño fiscal excede los $100 millones. Entre los acusados por fraude al Fisco está Calisto, investigado por hechos presuntamente cometidos, en su mayoría, cuando se desempeñaba como diputado.
La presentación se realizó después de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir la causa para efectuar diligencias puntuales solicitadas por las defensas, que incluyeron nuevas declaraciones y peritajes.
De acuerdo con la Fiscalía, dichas diligencias no alteraron su hipótesis, sino que la robustecieron. En particular, el Ministerio Público afirma que las presuntas asesorías parlamentarias de Carla Graf, contratada por la Cámara de Diputados como asesora de Calisto, nunca se llevaron a cabo.
Fiscalía afirma que las asesorías no existieron
La indagación se centra en contratos suscritos entre la Cámara de Diputados y Graf entre 2018 y 2022, periodo en el que Calisto ejercía como diputado.
La acusación indica que el parlamentario habría impulsado las gestiones para concretar la contratación, aun cuando sabía que Graf no desempeñaría las tareas estipuladas en los contratos.
El ente persecutor plantea que los contratos se usaron como un medio para obtener fondos públicos de forma irregular y que parte de esos recursos habría beneficiado a Calisto, a Roland Cárcamo y a otras personas ligadas al entonces Partido Demócrata Cristiano.
El Ministerio Público sostiene que las nuevas declaraciones recabadas tras la reapertura del caso tampoco permitieron precisar el cómo, cuándo o de qué forma Graf habría efectuado las labores por las que percibió pagos.
Entre los declarantes figuraron miembros del equipo parlamentario de Calisto, como su jefe de gabinete, el periodista, la secretaria y el chofer. Según la Fiscalía, ninguno pudo detallar en qué consistió el trabajo que habría realizado Graf.
Lo expuesto en la acusación coincide con antecedentes difundidos previamente por Bío Bío Investiga. En esos reportes, Graf y Cárcamo variaron sus versiones originales y aseguraron ante la Fiscalía que las asesorías no se materializaron. Cárcamo indicó que Graf fue usada como “palo blanco”, mientras que ella afirmó no haber prestado asesorías ni por escrito ni de manera verbal.
Controversia por los informes y transferencias de dinero
La defensa de Calisto sostiene una postura distinta. Su abogado, César Ramos, ha afirmado que Graf sí brindó apoyo a la labor parlamentaria y que existen testimonios, mensajes de WhatsApp y documentación que lo respaldarían.
Calisto también había indicado que las asesorías eran principalmente estratégicas y que mantenía comunicación directa con Graf, incluso telefónica. Entre los antecedentes controvertidos figuran informes que supuestamente respaldaban las gestiones realizadas.
Para la Fiscalía, en cambio, esos informes no prueban la ejecución real de trabajos.
Otro aspecto analizado en la causa son las transferencias de dinero entre Graf y Calisto. Según antecedentes de la investigación difundidos por Bío Bío Investiga, en abril de 2021 Graf recibió cerca de $2,8 millones desde el Congreso y, ese mismo día, transfirió a Calisto un monto equivalente. El Ministerio Público calcula que el fraude en examen supera los $105 millones.
La defensa ha negado que esos movimientos sean irregulares y los atribuye a transferencias asociadas a vínculos de amistad, vecindad y proyectos en común.
Fiscalía vuelve a solicitar el desafuero de Calisto
Junto con la acusación, el Ministerio Público pidió nuevamente el desafuero de Calisto ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La Fiscalía argumenta que, por tratarse de un senador, el tribunal debe evaluar si existe mérito suficiente para que los capítulos de la acusación sigan su curso y el proceso avance a la etapa de preparación del juicio oral.
La petición de desafuero ya se había formulado antes en esta investigación. En junio, la Fiscalía acusó a Calisto y solicitó una condena de 12 años de presidio, al sostener que los hechos fueron reiterados y que el perjuicio al erario superaba los $100 millones.
Con el nuevo cierre de la investigación y la acusación recientemente presentada, el caso vuelve a quedar a la espera de la decisión judicial sobre el desafuero del senador.
