Las cuantiosas sanciones que el Ministerio de Justicia podría terminar pagando a las concesionarias de las cárceles es algo que los gremios de gendarmes ya habían advertido y que se vincula con el incremento de las prisiones preventivas. Desde el Senado se llamó a revisar los contratos y a acelerar la construcción de recintos penitenciarios, con el fin de reducir el hacinamiento.
Un reporte de la Unidad de Investigación de BiobioChile expuso que hacia fines de 2026 el Estado podría verse obligado a pagar a las compañías concesionarias de cárceles hasta 38 mil millones de pesos por concepto de sobrepoblación.
Esto se explica porque los contratos fijan un límite máximo de población penitenciaria; una vez superado, el Ministerio de Justicia debe pagar multas que, solo el año pasado, sumaron 16 mil millones de pesos.
Óscar Ulloa, abogado y exlíder gremial de Gendarmería, sostuvo que el escenario actual responde a los niveles de delincuencia y al aumento de las prisiones preventivas.
A su juicio, “así funciona el negocio de las cárceles concesionadas. Existe un relato engañoso que asegura querer disminuir el ingreso de imputados a los recintos, cuando en la práctica a los privados a cargo de las concesiones les conviene que la criminalidad crezca”.
“El negocio radica en que se exceda la capacidad máxima para que el Estado comience a pagar las multas previstas en los contratos de concesión”, subrayó.
Ulloa formaba parte de Gendarmería cuando se implementó el sistema de cárceles concesionadas y afirmó que, como gremio, advirtieron lo que hoy sucede. “En su momento siempre lo señalamos cuando todavía éramos dirigentes o existían las asociaciones. El problema es que ahora nadie va a decir absolutamente nada”, lamentó.
Para el senador Gastón Saavedra (PS), se trata de un problema que debe encararse en dos frentes: primero, mediante la revisión de los contratos, y segundo, con la construcción urgente de penales para reducir el hacinamiento.
A marzo de este año, a nivel nacional, el penal Bío Bío de Concepción se ubicaba en el cuarto lugar con mayor sobrepoblación y en el monto de las multas, siendo superado únicamente por las cárceles de Santiago 1, Alto Hospicio y Antofagasta.
