En marzo pasado, el Fisco desembolsó más de $16 mil millones para indemnizar a las empresas que administran las cárceles concesionadas del país. Estos pagos corresponden a compensaciones por la sobrepoblación penitenciaria registrada en el segundo semestre de 2025, un fenómeno arrastrado por años que hoy alcanza picos críticos: a lo largo de 2025 —considerando las transferencias de marzo y septiembre— el Estado pagó poco más de $8 mil millones por este ítem, casi la mitad de lo que canceló sólo en la primera cuota de 2026.
El aporte de marzo no fue excepcional. A fin de este mes, las concesionarias volverán a recibir abultados pagos, dado que el hacinamiento se mantiene. Una proyección de la Unidad de Investigación de Bío Bío —basada en los niveles observados en el primer semestre de 2026— indica que durante este año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos terminará desembolsando más de $38 mil millones sólo por este concepto, sin incluir otros costos de manutención de la población penal, que se estiman cercanos a $12 millones anuales por interno.
El propio ministerio confirmó que habrá otro giro. “Efectivamente, la sobrepoblación no ha disminuido por lo que nuevamente se pagará la compensación”, contestaron a esta Unidad de Investigación. En cuanto al tamaño del pago, anticiparon montos “similares a los del pago de marzo”.
El tamaño de estos recursos enciende alertas. El exdirector nacional de Gendarmería Christian Alveal definió el esquema como “multas draconianas por sobrepoblación penal” y afirmó que los montos obligan a repensar el modelo. Un ejercicio sencillo lo grafica: si el hacinamiento y los pagos se mantienen en estos niveles, en menos de seis años el Fisco habrá desembolsado una suma equivalente al costo de levantar una cárcel con el tamaño y estándar del Complejo Penitenciario La Laguna de Talca.
Cómo opera el mecanismo
La mayor parte de las cárceles concesionadas en Chile está ordenada en tres grupos contractuales. El Grupo 1 comprende el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, el Complejo Penitenciario de La Serena y el Complejo Penitenciario de Rancagua, cuya operación está en manos de Sociedad Concesionaria BAS S.A., integrada equitativamente por Sodexo Chile SpA, Besalco Inversiones y Energía S.A. y Sociedad de Concesiones Chile Ltda., con 33,33% cada una.
El Grupo 2 lo componen el Complejo Penitenciario de Antofagasta y el Complejo Penitenciario Bío Bío, que incluye el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío Bío y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción. En este caso, la operación corresponde a Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A., controlada por Sodexo Chile S.A. con 99% y Sodexo Inversiones S.A. con el 1% restante.
El Grupo 3 reúne al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el Complejo Penitenciario de Valdivia y el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, conocido como Alto Bonito por el sector donde está ubicado. La concesión es de Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A., cuyo principal accionista es Constructora Vinci Chile Ltda., con el 99,99%. A estos tres paquetes se añade, bajo concesión separada, el nuevo Complejo Penitenciario La Laguna de Talca.
En ese marco, y según informes de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) revisados por Bío Bío, en marzo pasado el Fisco pagó $16.252 millones a las sociedades que administran los distintos grupos de penales concesionados. Se trata exclusivamente de compensaciones por la sobreocupación del segundo semestre de 2025.
Todo responde a un esquema de compensación previsto en los contratos de concesión. En términos simples, cuando el número de internos excede la capacidad contractual de un penal, el Estado debe pagar una compensación a la concesionaria. Estos pagos se efectúan dos veces al año, en marzo y septiembre, aunque la fórmula de cálculo difiere entre grupos.
El propio Ministerio de Justicia admite una particularidad del diseño. Como ciertos costos por interno bajan cuando sube la ocupación, el modelo genera —según la cartera— “un incentivo (perverso en este caso) para ingresar más privados de libertad al recinto”. Por eso, explican, se incorporaron compensaciones por sobrepoblación que desincentivan al Estado a superar la capacidad pactada y cubren costos adicionales para las concesionarias.
Un ejemplo lo ilustra. En el Grupo 2, la compensación se fija con una tabla escalonada definida en el contrato. Dependiendo del promedio quincenal de internos que sobrepasa la capacidad, se establece un costo diario en UTM: parte en 100 UTM por día si el exceso va de 1 a 85 internos y llega a 250 UTM cuando supera los 425. Ese valor se multiplica por los días efectivos de sobrepoblación del período, de modo que mientras mayor y más prolongado sea el exceso, mayor será el pago del Estado.
Los desembolsos
El recinto más tensionado en el segundo semestre de 2025 fue el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Si se promedian los niveles de julio a diciembre, operó al 158,9% de su capacidad, es decir, casi 59% sobre las 4 mil plazas estipuladas en el contrato. La ocupación fue al alza: de 148,6% en julio a 166,7% en diciembre. Solo por ese hacinamiento, el Estado pagó alrededor de $3.858 millones en compensaciones.
Luego se ubicó el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio. En el semestre promedió 115,1% de ocupación, subiendo de 106,8% en julio a 121,4% en diciembre. Por ese penal, el Fisco desembolsó cerca de $2.828 millones por sobrepoblación.
Después vienen los establecimientos del Grupo 2. El Complejo Penitenciario de Antofagasta marcó en esos seis meses una ocupación promedio de 122,7%, mientras el Complejo Bío Bío alcanzó 108,1%. Por ambos recintos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desembolsó en marzo casi $5.100 millones en total.
El informe no detalla la distribución por establecimiento. No obstante, una estimación de esta Unidad de Investigación —a partir de los promedios mensuales y la tabla contractual— ubica el pago en torno a $2.700 millones para Antofagasta y cerca de $2.400 millones para Bío Bío.
Más atrás aparece el penal de Rancagua, con un 106,9% de promedio semestral y un cierre en diciembre sobre 112%. Por este establecimiento, el Fisco pagó cerca de $1.885 millones. La Serena, por su parte, promedió 104,4% y generó una compensación de unos $1.462 millones.
Finalmente, Puerto Montt (Alto Bonito) pasó de estar bajo capacidad en julio y agosto a superarla desde septiembre. Su ocupación promedio semestral fue de 103,3%, cerrando el año en 107,8%. La compensación asociada ronda $1.125 millones. El CP Valdivia, también del Grupo 3, se mantuvo bajo su tope todo el semestre y, por lo mismo, no generó pagos por esta causa.
En conjunto, en marzo de 2026 el Fisco pagó $6.175 millones por los recintos del Grupo 1, casi $5.100 millones por los del Grupo 2 y alrededor de $4.983 millones por los del Grupo 3.
Desembolsos en aumento
Dado que la ocupación siguió alta durante el primer semestre de 2026, una proyección de esta Unidad de Investigación —basada en informes oficiales de concesiones, las fórmulas contractuales y pagos anteriores— calcula en torno a $22 mil millones el giro que el Fisco deberá efectuar a fines de septiembre por sobrepoblación en cárceles concesionadas. La cifra es una estimación fundada en antecedentes oficiales y podría variar levemente.
La curva es ascendente. En marzo de 2025, al pagarse las compensaciones por la sobreocupación del segundo semestre de 2024, el Fisco desembolsó cerca de $3.755 millones. Seis meses más tarde, en septiembre de 2025, por la ocupación del primer semestre de ese año, el monto subió a $4.467 millones, un alza aproximada de 18,9%.
El salto más brusco se dio en marzo de 2026, cuando se pagaron las compensaciones por la sobrepoblación del segundo semestre de 2025. En esa ocasión, los giros sumaron $16.252 millones, es decir, 3,4 veces más (+263,8%) que en septiembre de 2025.
La comparación interanual acentúa la magnitud. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el gasto por este concepto creció 332,8%. En doce meses, el monto destinado a compensar a las concesionarias por hacinamiento se más que cuadruplicó.
Multas “draconianas”
Una voz con trayectoria para evaluar el sistema penitenciario es Christian Alveal Gutiérrez. Ingresó a Gendarmería en 1989 y, antes de encabezar la institución, dirigió la escuela institucional y fue subdirector operativo. En diciembre de 2018 asumió como director nacional y permaneció hasta 2022. Su carrera suma más de tres décadas en el servicio, con responsabilidades directas en la operación y seguridad de los penales.
En diálogo con Bío Bío Investiga, el exjefe de la entidad distingue dos planos del modelo concesionado. A su entender, la construcción de penales bajo concesión fue inicialmente clave para enfrentar un déficit de infraestructura que el Estado no podía cubrir de una vez. Además, afirma que los nuevos complejos elevaron estándares de seguridad, habitabilidad y segmentación de la población penal.
Sus reparos se concentran en la fase posterior, la operación privada de los recintos. A su juicio, con los años surgieron problemas que los contratos originales no abordaron bien: desde el desgaste de la infraestructura por uso y daños causados por internos, hasta servicios tecnológicos obsoletos, como los inhibidores de señal celular.
Pero su mayor crítica apunta a las compensaciones por sobrepoblación —a las que en la conversación llama “multas”—, que calificó de “draconianas”. Recordó que en distintas administraciones se procuraba mantener los penales bajo su tope precisamente para evitar que el Estado enfrentara esos pagos.
En esa línea, objetó que las extensiones contractuales conservaran mecanismos de compensación similares a los originales. Señaló que es “impresentable” que se haya relanzado o prolongado la licitación original “con las mismas multas” previstas al inicio.
El exdirector también cuestionó traspasar a privados la operación de recintos levantados con fondos fiscales. Citó, en particular, La Laguna, en Talca, y el establecimiento de Concepción incorporado al Grupo 2. A partir de la experiencia, plantea revisar si la participación privada debe ir más allá de construir y mantener la infraestructura. “Que se sigan construyendo cárceles vía concesión no es el problema. El que se sigan entregando para la operación a privados, ese es el problema”, resumió.
El debate cobra urgencia frente a las cifras actuales. Con la proyección de esta Unidad de Investigación, las compensaciones por sobrepoblación superarían los $38 mil millones en 2026, sumando marzo y el cálculo para septiembre. Para el exdirector, la magnitud obliga a evaluar alternativas: “con unos años de pago […] podríamos construir cárceles totalmente nuevas y distintas”, sostuvo.
Entre sus ideas, propuso recintos de menor complejidad —análogos a campamentos penitenciarios usados en otros países— para condenados de bajo compromiso delictual, buena conducta y poco tiempo de pena restante. Eso, explicó, aliviaría la presión sobre los grandes complejos, reservaría estos a internos de mayor peligrosidad y a la vez reduciría las compensaciones por hacinamiento.
A juicio de Alveal, que hoy la mayoría de los recintos concesionados genere compensaciones evidencia que el problema requiere una revisión de fondo. “Que siete de las ocho estén pagando multa, claramente es una señal de urgencia de buscar soluciones distintas”, advirtió, apuntando que la discusión central es hasta qué punto la privación de libertad puede seguir ligada a incentivos económicos para operadores privados.
“El sistema carece de alternativas”
Consultado por esta Unidad de Investigación sobre el incremento sostenido de la población penal, el alto costo de la sobrepoblación en recintos concesionados y las medidas para cerrar la brecha de plazas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos admitió que el problema trasciende ese modelo. El aumento de internos ha afectado tanto a cárceles concesionadas como a las tradicionales y, en las condiciones actuales, “el sistema carcelario no tiene hoy opciones de evitar la sobrepoblación y el hacinamiento”.
Como respuesta, el Ejecutivo impulsa el llamado Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. Entre las acciones, mencionó la puesta en marcha total de las 2.320 plazas de la nueva cárcel de Talca; el futuro complejo de Copiapó con 2.160 cupos; la licitación de un penal en Calama para 1.850 internos; y la ampliación de Antofagasta en 508 plazas. Se agregan expansiones en Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Valdivia y Puerto Montt.
La cartera también defendió la lógica detrás de las compensaciones por hacinamiento. Explicó que los contratos incluyen pagos fijos y variables y que, a mayor cantidad de internos, ciertos costos per cápita incluso pueden bajar. Ese diseño, reconoció el ministerio, genera “un incentivo (perverso en este caso) para ingresar más privados de libertad al recinto”.
Según Justicia, precisamente para neutralizar ese efecto se incluyó la compensación por sobrepoblación: por un lado, busca “desincentivar al Estado” de rebasar la capacidad de los penales y, por otro, resarcir a las concesionarias por costos extra no cubiertos con el pago variable.
Respecto del nuevo giro previsto para fines de septiembre, la cartera fue clara en que habrá otro pago. “Efectivamente, la sobrepoblación no ha disminuido por lo que nuevamente se pagará la compensación”, indicó el Ministerio. En cuanto al tamaño, añadió que espera montos “similares a los del pago de marzo”, cuando el Fisco desembolsó más de $16.252 millones.
El ministerio entregó además una referencia para dimensionar el costo de ampliar infraestructura. Un proyecto en una zona de costos moderados y con buen suelo podría costar en torno a 85 UF por metro cuadrado. Bajo ese supuesto, una cárcel de unos 60 mil m² como la de Talca bordearía 5,1 millones de UF, equivalentes hoy a cerca de $208,5 mil millones.
Esa vara ayuda a contextualizar el costo del hacinamiento. Si se cumple la proyección de esta Unidad de Investigación, durante 2026 el Fisco pagará más de $38 mil millones sólo en compensaciones a concesionarias. Si ese ritmo se sostuviera, en menos de seis años el Estado habría destinado por sobrepoblación una suma equivalente a construir una nueva cárcel con características similares a la de Talca.
Aun con los problemas de capacidad, Justicia afirmó que la definición institucional es continuar con el modelo de concesiones. Recordó que una evaluación de la Dirección de Presupuestos recomendó mantener ese esquema para la operación de Rancagua y flexibilizar los contratos. Con base en esas conclusiones, el Ministerio resolvió seguir utilizando concesiones en nuevos proyectos, introduciendo cambios como traspasar a Gendarmería la intervención especializada de reinserción social que antes estaba en manos de las concesionarias.
