Las precisiones que llegaron desde Argentina durante el fin de semana intentaron distender la relación con Chile, pero la discusión ya había migrado a otro plano. Exministros de Defensa y exautoridades diplomáticas comenzaron a cuestionarse si, más allá de las palabras, el país está asignando los recursos necesarios para resguardar sus intereses estratégicos y sostener su capacidad de disuasión.
El intercambio cobró fuerza el domingo con una carta publicada en El Mercurio y suscrita por seis exministros de Defensa, entre ellos Francisco Vidal, Mario Desbordes y Alberto Espina. En el documento criticaron que el financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas se postergue y se trate como una variable de ajuste fiscal.
El eje del debate es la Ley 21.174, aprobada en 2019 para sustituir el mecanismo de financiamiento que por décadas proporcionó la Ley Reservada del Cobre. El nuevo esquema desvinculó estas inversiones de las ventas de Codelco y creó fondos para sostener y renovar capacidades militares con una planificación de largo plazo.
El panorama que inquieta a exministros de Defensa
El tema vuelve a instalarse porque, aseguran los exministros, el escenario regional está cambiando. En su carta mencionan adquisiciones militares de Perú y el fortalecimiento de capacidades en Argentina, además de las controversias por el estrecho de Magallanes y el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.
Esa base comenzó a tomar forma durante el gobierno de Alberto Fernández y sus obras se inauguraron formalmente en 2022. La novedad es que Javier Milei anunció recursos para acelerar un proyecto concebido para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y operar como plataforma logística hacia la Antártica.
En este contexto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que Argentina está llevando adelante un esfuerzo legítimo por fortalecer sus capacidades, incluso con cooperación de Estados Unidos.
En esa línea, añadió que “lo que no puede pasar es que Chile siga postergando las inversiones que corresponden y que siga incumpliéndose, vulnerándose, violándose derechamente la ley 21.174”.
La advertencia no alude a una amenaza militar inmediata desde Argentina. Los exministros hablan de capacidad de disuasión: mantener medios suficientes para proteger los intereses del Estado y evitar que una eventual diferencia se resuelva mediante presión o fuerza.
En coherencia con ello, Francisco Vidal afirmó que sostener esa capacidad es una tarea permanente del Estado y llamó al Gobierno a no dejar atrás el esfuerzo construido por Chile en las últimas décadas.
“Nuestra capacidad militar no es para ofender”, dijo.
Desde la política exterior, la inquietud tiene otro ángulo. La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente sostuvo que las últimas controversias no deben analizarse de manera aislada, ya que “son demasiados los hechos acumulados”.
Además, formuló un llamado al Presidente: “Chile tiene el deber de proteger tanto su soberanía como sus propios intereses”, dijo.
Todo esto se produce tras varios episodios concentrados en pocos días. El jueves 3 de septiembre, José Antonio Kast y Javier Milei se reunieron en La Moneda y ambos gobiernos reafirmaron el carácter prioritario de la relación bilateral y la voluntad de sostener un diálogo al más alto nivel.
También trataron el estrecho de Magallanes. Chile y Argentina ratificaron que su régimen jurídico está determinado por los tratados de 1881 y 1984, plenamente vigentes y definitivos, y reafirmaron la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho.
Tras esa reunión, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la disposición de ambos mandatarios a mantener una relación estrecha y una comunicación permanente.
¿Persiste la tensión entre Chile y Argentina?
La tensión reapareció poco después. Y es que el canciller argentino, Pablo Quirno, definió a su país como “bicontinental y bioceánico” al explicar el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártica.
Este domingo, Quirno precisó que aludía al Atlántico Sur como vía hacia la Antártica, reafirmó lo acordado en Santiago y aseguró que la política del gobierno de Milei es cumplir los tratados vigentes.
A esa precisión se sumó la de la senadora argentina Patricia Bullrich, quien remitió una carta al embajador chileno, Gonzalo Uriarte, señalando que había confundido el estrecho de Magallanes con el canal Beagle. De este modo, ofreció disculpas y reconoció que el estrecho pertenece íntegramente a Chile.
Estos episodios se suman a otra controversia ocurrida en agosto, cuando el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, incluyó a Magallanes al referirse a la soberanía de su país. Días más tarde, el ministro de Defensa argentino atribuyó sus dichos a una confusión y reconoció la soberanía chilena.
De esta manera, en pocas semanas, distintas autoridades argentinas emitieron declaraciones que generaron cuestionamientos en Chile y que posteriormente fueron aclaradas o rectificadas. Pese a ello, ambos gobiernos han sostenido el reconocimiento de los tratados que fijan la soberanía chilena sobre el Estrecho.
En este contexto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que “cuando desde el otro lado de la cordillera siguen cometiendo errores, lo que no puede ocurrir es que nosotros sigamos actuado de la misma manera”.
“Es muy relevante que se actúe con la mayor urgencia y claridad en este tema”.
De esta forma, la discusión que partió por el estrecho de Magallanes y continuó con el concepto “bioceánico” terminó abriendo una interrogante más amplia. Los tratados mantienen definida jurídicamente la soberanía chilena y Argentina acaba de reafirmar su respeto a esos acuerdos.
Lo que exautoridades de distintos sectores plantean ahora es si esa certeza jurídica está siendo acompañada por una estrategia de largo aliento y por los recursos necesarios para que Chile preserve su capacidad disuasiva y proteja sus intereses en la zona austral.
