El Gobierno de Colombia puso fin este martes a la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego, una medida que el presidente Abelardo de la Espriella defendió al señalar que la restricción colocaba en inferioridad a los ciudadanos que acatan la ley frente a los delincuentes.
“Durante la campaña prometí que levantaría la suspensión de los permisos para el porte de armas. No es justo que los delincuentes estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, dijo De la Espriella en un video difundido en sus redes sociales.
El jefe de Estado precisó que la medida no implica un porte indiscriminado, pues continuarán vigentes los controles, exigencias y autorizaciones de las autoridades competentes.
“Lo que se acaba es la suspensión general que hacía de la prohibición la norma”, agregó De la Espriella, al sostener que “no se puede seguir cimentando la seguridad de Colombia desarmando al ciudadano cumplidor y manteniendo armados a los criminales”.
La disposición elimina la suspensión que impedía a los poseedores de permisos vigentes portar armas sin una autorización especial extra y restituye la validez de esos permisos. No obstante, no habilita el porte cuando el permiso esté vencido, suspendido, cancelado o revocado, ni en caso de existir una prohibición legal o judicial.
Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.
Las cifras… pic.twitter.com/dsZAshWMWS
— DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) September 8, 2026
El decreto, que comenzará a regir este miércoles, instruye a las autoridades militares a tomar las medidas necesarias para restituir la eficacia de los permisos individuales que estén vigentes.
El presidente indicó que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año las autoridades decomisaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 tenían vínculo con hechos delictivos.
De acuerdo con De la Espriella, 980 de esos artefactos correspondían a las disidencias de las FARC, 551 al Clan del Golfo, la principal organización criminal del país, y 339 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Ese es el poder de fuego que el Estado debe perseguir y desmantelar”, expresó el mandatario, quien aseguró que las autoridades van a “arrebatar” las armas ilegales “a los criminales”.
