Este martes, el Gobierno del Reino Unido anunció la aplicación de sanciones a bienes procedentes de asentamientos en Cisjordania, lo que provocó una reacción inmediata y enérgica por parte de Israel.
Según la BBC, las medidas recibieron el respaldo de los gobiernos de Francia y Canadá, que en una declaración conjunta sostuvieron que en la zona se está llevando a cabo una “limpieza étnica”, ante la cual el Gobierno israelí no ha intervenido.
En esa línea, Downing Street detalló que vetará la importación de mercancías desde Cisjordania, denominada Judea y Samaria por Israel, además de imponer restricciones a empresas y particulares que contribuyan a su expansión.
En concreto, la medida se aplicará a productos y servicios originados en esos lugares, vinculados a la agricultura, la industria alimentaria y el sector servicios.
El canciller británico, Ed Miliband, afirmó que el Gobierno reconoce que en áreas de Cisjordania se está produciendo una “limpieza étnica” de palestinos a manos de “terroristas colonos” y subrayó: “Hoy nos negamos a ser meros espectadores ante el sufrimiento continuo”.
Miliband también acusó al Gobierno israelí de haber hecho la ‘vista gorda’ ante esta situación, y señaló que algunos de sus miembros han emitido declaraciones y adoptado decisiones que, según Londres, facilitan el desplazamiento forzado de palestinos.
Aseguró que se han derribado viviendas, destruido carreteras e infraestructura pública y expulsado familias de sus hogares.
El ministro expresó que Reino Unido siente una “profunda vergüenza” por lo ocurrido en los territorios palestinos ante la mirada de la comunidad internacional, y reiteró: “Hoy nos negamos a ser meros espectadores ante el sufrimiento continuo y la destrucción de la solución de dos Estados”.
De acuerdo a The Telegraph, esto supone un cambio de postura de Londres, ya que a partir de ahora el país considera ilegal la ocupación de Cisjordania en su conjunto.
Señaló que “durante mucho tiempo, el Gobierno británico ha afirmado, con razón, que los asentamientos son ilegales, pero hemos guardado silencio sobre la legalidad de la ocupación en su conjunto, que en 2024 la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal”.
“Hoy anuncié que la postura oficial del Gobierno británico es que la ocupación es ilegal debido al afianzamiento del control israelí, su intención de extender la soberanía permanente y su agenda expansionista mediante asentamientos ilegales”, concluyó.
🚨 BREAKING: Ed Miliband has officially announced a UK trade ban on Israeli settlements in the West Bank
"I do not believe the British people want us supporting the occupation" pic.twitter.com/G0TorQ1pyO
— Politics UK (@PolitlcsUK) September 8, 2026
La decisión provocó una rápida reacción de Israel, que adoptó cuatro medidas contra el Reino Unido. Estas fueron oficializadas por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.
Entre las acciones figuran la clausura del consulado en Jerusalén Este, el veto a Jeremy Corbyn y otros 11 británicos, el fin del entrenamiento británico a fuerzas palestinas y la expulsión del Centro de Coordinación para Gaza.
Cabe recordar que Reino Unido es uno de los ocho países que cuentan con consulados en Jerusalén Este, una parte de la ciudad santa ocupada y anexionada por Israel, mayoritariamente habitada por palestinos y reivindicada como la capital de un futuro Estado Palestino.
Asimismo, además de Corbyn, fue vetada su correligionaria, la diputada Zarah Sultana. También se incluyó al abogado Fahad Ansari, director de la asociación Riverway to the Sea y representante de Hamás en la impugnación de la ilegalización del grupo palestino en Reino Unido.
Los otros nueve ciudadanos británicos sancionados son todos diputados: cinco del Partido Verde, tres del Partido Laborista y el independiente John McDonnell.
Saar también anunció el cese de las operaciones del Equipo de Apoyo Británico en Ramala, un pequeño destacamento desplegado desde 2008 para entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con financiación pública.
Según declaró el año pasado el diputado laborista Luke Pollard en el portal de transparencia del Parlamento británico, el Equipo brinda a la ANP “apoyo profesional” para “desarrollar instituciones de seguridad competentes y responsables que respeten los derechos humanos”.
Por otra parte, el gobierno palestino celebró y calificó de “importante” la decisión del Ejecutivo británico.
“Esta medida representa un paso importante para traducir el derecho internacional y la legitimidad internacional en acciones concretas contra el negocio de los asentamientos”, señaló el Ministerio palestino de Exteriores y Expatriados en un comunicado.
