El gobierno de Pedro Sánchez en España enfrenta una nueva controversia, después de que un medio revelara que el Ministerio del Interior disponía de un listado que catalogaba a periodistas según su orientación política.
De acuerdo con lo publicado por El Confidencial, se consideraba si eran “afines al PSOE”, “Conservadores” o “Cercanos al PP”, entre otras opciones.
Gobierno de España tenía una lista de periodistas
El medio sostuvo que el Ministerio del Interior cuenta con un dosier sobre decenas de periodistas en activo que trabajan en medios de comunicación, con el objetivo de tener registrada su adscripción política.
Agregaron que el documento se elaboró de manera secreta y reúne numerosas fichas de periodistas, acompañadas de fotografías y de comentarios sobre su desempeño y sus posicionamientos políticos.
Asimismo, se incluían categorías como “independiente”, “centro derecha moderado”, “extrema derecha” o “desinformación”.
El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que se trataba de “un documento interno” creado en 2024 con un fin “consultivo y sin ningún propósito de establecer censura, restricción o límite alguno al ejercicio de los periodistas”.
El texto también ofrecía disculpas a los profesionales que pudieran haberse sentido ofendidos por el contenido y por algunas valoraciones incluidas.
La Agencia de Protección de Datos investigará la lista de periodistas de Interior.https://t.co/rcQ7SkklwS pic.twitter.com/5TRQqjlaMI
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 9, 2026
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó en una rueda de prensa en Ceuta que el documento no perseguía “ninguna finalidad espuria” y que “en modo alguno” generó “diferencias ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento”.
Por su lado, el presidente Pedro Sánchez señaló en una entrevista que le parecía un documento “muy poco afortunado” y aseguró que el Gobierno de España respeta la autonomía e independencia de los medios de comunicación.
En tanto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) cargó contra el ministerio por introducir un elemento de vigilancia con posibles represalias, una práctica “incompatible con el Estado de derecho” que “puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico”.
Por último, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, calificó el hecho como un “atentado a la democracia y a la Constitución” por parte del gobierno de Sánchez.
