La Seremi de Salud Metropolitana inició un sumario sanitario contra el laboratorio Corthorn, establecimiento que practicó el test de drogas al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, cuyo resultado positivo provocó su salida del cargo.
La decisión se tomó tras una fiscalización efectuada el pasado 11 de agosto en las instalaciones del laboratorio, ubicadas en Huechuraba. De acuerdo con el acta de inspección difundida por T13, los funcionarios registraron cuatro observaciones vinculadas al funcionamiento del lugar.
BioBioChile accedió también a los antecedentes del procedimiento, los que evidencian reparos enfocados principalmente en la identificación y el resguardo de muestras biológicas, además de materias administrativas.
Observaciones de la Seremi
Una de las observaciones indica que el laboratorio disponía de tres refrigeradores para almacenar muestras, pero estos no tenían una rotulación que distinguiera las ya procesadas de aquellas recién recepcionadas.
Según los fiscalizadores, esta condición podría comprometer la trazabilidad de las muestras y implicar un posible riesgo de error en su manejo.
Asimismo, la Seremi dejó constancia de que el establecimiento carecía de autorización sanitaria para una sala destinada al acopio temporal de residuos y desechos provenientes de centros de salud, conocida como sala REAS.
A estos puntos se añadieron reparos administrativos. El acta detalla que el laboratorio no había formalizado la dirección técnica subrogante ante la ausencia de la directora técnica titular. También se objetó la modificación del listado de profesionales y técnicos con autorización sanitaria.
Respuesta del laboratorio a los reparos
Tras la fiscalización, la representante del laboratorio, Francisca Corthorn, ingresó sus descargos ante la autoridad sanitaria.
La empresa cuestionó el acta y señaló que algunas de las observaciones podrían dar pie a interpretaciones erróneas sobre el funcionamiento del establecimiento.
En particular, desestimó que hubiera problemas de trazabilidad de las muestras y afirmó que el laboratorio cuenta con un sistema de segregación, identificación y trazabilidad implementado en el área donde se ubican los refrigeradores.
Del mismo modo, planteó que la observación relativa a la identificación de los refrigeradores respondía a un riesgo potencial de error humano y no a un hecho concreto detectado durante la inspección.
Luego de la fiscalización, el laboratorio cambió los rótulos de los refrigeradores para que fuera más visible la información desde el exterior. Además, recurrió a un notario para dejar constancia del estado del área y de las mejoras implementadas posteriormente.
La contramuestra de Juan Pablo Rodríguez sigue bajo resguardo
La inspección también tuvo por objetivo corroborar el estado de la contramuestra asociada al examen de drogas practicado a Rodríguez.
De acuerdo con el acta, los inspectores verificaron que la contramuestra continúa bajo custodia del laboratorio, ya que Senda —organismo que adjudicó los testeos— no había solicitado su apertura.
El caso se originó cuando Rodríguez dejó su cargo como subsecretario de Hacienda tras conocerse el resultado positivo de un test de drogas. El exfuncionario ha negado ser consumidor y ha puesto en duda el procedimiento utilizado para realizar la prueba.
Según declaraciones difundidas por T13, Rodríguez negó haber pedido la fiscalización sanitaria y reiteró que estima posible la existencia de problemas de trazabilidad de la muestra.
El exsubsecretario sostuvo ante Bío Bío que las observaciones y el inicio del sumario respaldan lo que ha planteado desde el comienzo y que hacen presumir un eventual caso de contaminación o un error en la trazabilidad de la muestra.
Agregó que se mantiene tranquilo porque, a su juicio, la verdad termina imponiéndose, y recordó que cuatro exámenes de pelo negativos de abril y julio ya lo evidenciaban, y que estos nuevos antecedentes refuerzan que su caso obedeció a un error y a una gran injusticia.
Desde la Seremi de Salud Metropolitana indicaron que el sumario sanitario sigue en curso y a la espera de una resolución definitiva. Una vez exista un fallo, la autoridad podrá evaluar eventuales acciones posteriores.
