La Corte Suprema iniciará este viernes la definición del destino de los jueces sometidos a cuadernos de remoción por haber viajado al exterior mientras tenían licencia médica, luego de una semana de alegatos y deliberaciones.
El Pleno de la Suprema abrió esta semana la revisión escalonada de los cuadernos de remoción, en un procedimiento que partió con 58 expedientes. No obstante, la cifra bajó a 48, tras diez suspensiones de los procesos ordenadas por el Tribunal Constitucional.
La evaluación pretende establecer, caso por caso, si hay antecedentes suficientes para ejercer la facultad de remoción contemplada en el artículo 80 de la Constitución, que autoriza al máximo tribunal a poner fin al cargo de un juez por mal comportamiento.
Según pudo conocer La Radio, en el máximo tribunal no se habría logrado el quórum de 11 votos requerido para concretar las remociones en cerca de 25 expedientes y, por ahora, solo se darían por confirmadas tres salidas.
Entre los expedientes, el del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, concita especial atención. El magistrado ha sido objetado por dos salidas al extranjero mientras estaba con licencia médica, antecedentes examinados durante el trámite de remoción.
Sin embargo, su caso no quedó exclusivamente en manos de la Suprema. La defensa también acudió al Tribunal Constitucional, donde, en un segundo intento, se acogió el requerimiento de su defensa y se detuvo el proceso de remoción. De esta forma, se abrió un frente paralelo respecto de las normas que sustentan estos procedimientos.
Desde la Organización de Trabajadores Judiciales, su presidente, Marcelo Acevedo, ha planteado que en el caso de Urrutia no existiría fundamento para removerlo y que las salidas del país cuestionadas tendrían, a su juicio, una explicación atendible.
“Hay situaciones que van a justificar la remoción y otras que no tienen mérito. Donde no hay mérito para remover es el caso más mediático, el del juez Daniel Urrutia, que, efectivamente, registra dos salidas del país, pero esas salidas están justificadas”, señaló.
El entuerto jurídico entre el TC y la Suprema
La situación de Urrutia exhibe uno de los principales nudos jurídicos de esta revisión: mientras la Corte Suprema cuenta con la atribución constitucional para conocer y resolver los cuadernos de remoción, el Tribunal Constitucional ha comenzado a intervenir a partir de requerimientos que cuestionan la normativa aplicada.
El académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, sostiene que recurrir al TC es una herramienta legítima de defensa y que no necesariamente obedece a una táctica dilatoria.
“No advierto un propósito de dilatar, sino más bien resguardar la observancia de garantías mínimas que la Constitución exige sobre este punto”, indicó.
El abogado añade que ambas instituciones tienen competencias distintas: el TC puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, mientras que la definición sobre la remoción de un juez corresponde a la Corte Suprema.
Ese aspecto es especialmente relevante para los casos que fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional.
Las estrategias de las defensas
En este escenario, algunos magistrados alcanzaron a exponer sus alegatos ante la Suprema antes de que sus expedientes quedaran detenidos, mientras que otros procesos podrían seguir rutas diferentes según lo que resuelva el TC.
El abogado Tomás Jordan, representante de una magistrada cuyo cuaderno también fue examinado por la Suprema, explicó que su defensa optó por mantener la tramitación ante el máximo tribunal y no proseguir, por ahora, con el requerimiento ante el TC.
“Hay dos situaciones: los que ya están suspendidos y los que eventualmente suspenda el tribunal en estos días, que ya se produjeron alegatos de algunos colegas. En esos segundos casos (…) podría impactar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia (de la Suprema)”, advirtió.
Las defensas no han seguido una estrategia uniforme. La abogada María Soledad Molina, representante del juez Óscar Pacheco, planteó esta semana que, una vez agotadas las instancias jurisdiccionales internas, incluso podría considerarse acudir a organismos internacionales para revisar las garantías del debido proceso.
“La base que habilita a la Corte Suprema para llevar adelante estos procedimientos es el artículo 80 de la Constitución y su revisión demandaría recurrir a normas internacionales para examinar la pertinencia de la norma constitucional”, afirmó.
El caso Urrutia como “termómetro” del proceso
En este contexto, el caso de Urrutia se erige como uno de los principales termómetros del proceso: no solo por los antecedentes que deberá ponderar la Suprema, sino también por la vía paralela que tomó ante el Tribunal Constitucional.
Con los alegatos ya presentados, el Pleno está ahora en etapa de deliberación y votación de los expedientes que siguen en curso. Las primeras resoluciones se darán a conocer durante esta jornada, en tanto los casos suspendidos deberán aguardar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Será entonces cuando se defina qué jueces deberán dejar sus cargos, quiénes los conservarán y, en el caso de Urrutia, si su cuaderno recibirá finalmente una decisión de fondo por parte de la Suprema o continuará a la espera del desenlace de la controversia constitucional.
