Aunque el diálogo institucional parecía inminente, las tratativas entre la Comisión de Constitución del Senado y el gobierno por la reforma de seguridad continúan ‘congeladas’: la instancia dará prioridad a los nombramientos judiciales y a la Responsabilidad Penal Adolescente, después de las Fiestas Patrias.
Aunque los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP) ya cuentan con una propuesta alternativa, las conversaciones formales no arrancan: las diferencias con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, figuran entre las posibles causas.
‘Está con muerte natural’, ‘va a quedar guardada en un cajón’, atraviesa una ‘agonía lenta’. Con expresiones tan tajantes, cabe preguntar por qué la reforma de seguridad del gobierno de José Antonio Kast sigue en discusión, según senadores como Matías Walker, Pedro Araya y Juan Luis Castro.
Si se toma en cuenta el avance relevante de la agenda de seguridad, considerando que su primer proyecto ya se convirtió en ley, cuesta entender por qué continúa generando tensión política una iniciativa que, al menos durante casi un mes, no se debatirá oficialmente en el Senado.
Tal vez la razón principal es que, en estos días, los senadores oficialistas Andrés Longton y Arturo Squella afirmaron tener ‘acuerdo total’ para presentar una indicación sustitutiva que reemplazaría la propuesta de La Moneda.
El miércoles por la tarde, Longton declaró en CNN Chile que del proyecto quedaba ‘la mitad del corazón’. De las ocho propuestas del gobierno, seguirían tres: incorporar el ‘crimen organizado’ en la Constitución, crear regímenes penitenciarios especiales y reforzar el Estado de Excepción de Emergencia.
El RN sostuvo que es una alternativa ‘coherente y razonable’ para destrabar acuerdos políticos.
Luego vino el rumor sobre el siguiente paso: fuentes de la Comisión de Constitución aseguran que incluso pudo haber un diálogo esta misma semana, pero finalmente se cayó.
Consultamos al presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, quien indicó que en septiembre no habrá citaciones oficiales ni conversaciones técnicas entre el gobierno y la instancia.
Agregó que continuarán con la tramitación de los proyectos de la agenda de seguridad y que priorizarán los nombramientos en tribunales ambientales, el TC y la Corte Suprema.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que han sostenido conversaciones ‘todas las semanas’ sobre la iniciativa y precisó que las citaciones las realizan los senadores y no el Ejecutivo: recalcó que no están aferrados a las ideas originales de la propuesta.
Expuso que han mantenido diálogo durante toda la semana y que es necesario dar espacio para que algunos proyectos avancen, mientras otros, con alta urgencia, esperan su turno. Añadió que las citaciones dependen de los parlamentarios —no del gobierno— y que si los senadores plantean otra redacción, será bienvenida.
En esa línea, enfatizó: “No estamos enamorados de un texto, ni de si tenía tantas palabras y queda la mitad, o de si eran tantos artículos y quedan menos”.
Agregó que, mientras Gendarmería sea quien segmente en las cárceles según criterios de seguridad, y exista un listado de organizaciones criminales que evite acreditar en cada juicio su existencia, el objetivo estará cumplido.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, plantea que no se requiere una reforma de seguridad y que basta emplear las herramientas ya disponibles, además de articularlas con los proyectos de ley en trámite.
‘Más Rabat, menos Arrau’ resume el momento de dos ministros. Mientras el titular de Justicia, Fernando Rabat, encabeza la promulgación del primer proyecto de la agenda, Arrau enfrenta dificultades en su relación con el Senado.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, intentó desinflar la controversia, subrayando que hay un trabajo en equipo.
Las conversaciones podrían postergarse incluso hasta octubre para evaluar su viabilidad política. Por ahora, no está asegurado que el ministro Arrau sea la contraparte en la Comisión de Constitución para ese diálogo, y Rabat aparece como opción.
