El Juzgado de Garantía de Coyhaique declaró admisible una querella que sostiene que la investigación de la Fiscalía de Aysén contra una presunta banda dedicada al tráfico de marihuana bajo fachada medicinal, conocida como “Operación Imperio Ámsterdam”, habría comenzado a partir de una denuncia con datos manipulados o falsos, construida con testimonios que el supuesto declarante niega haber entregado.
La acción, acogida por el tribunal, fue interpuesta por William Vásquez Martínez, director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, y se dirige contra los eventuales responsables del delito de falsificación de instrumento público por parte de un funcionario público.
De acuerdo con lo publicado por Meganoticias, el querellante señala como involucrados a Carabineros y a la Fiscalía Regional de Aysén.
La admisibilidad de la querella abre una nueva investigación penal que queda bajo la órbita de Ángel Valencia, pues el fiscal nacional debe resolver la petición de nombrar a un persecutor distinto al de Aysén, ya que el fiscal regional Hernán Libedinsky podría verse eventualmente imputado.
Ello se ampara en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que faculta adoptar esa decisión cuando la gravedad, complejidad o alcance territorial del caso así lo requiera.
La supuesta denuncia fabricada que originó el caso Imperio Ámsterdam
El sustento de la querella se sitúa en agosto de 2024, cuando William Vásquez acudió voluntariamente a las oficinas del OS7 de Carabineros de Aysén.
Según el escrito, su objetivo era efectuar consultas administrativas relativas al funcionamiento de su proyecto de dispensario medicinal, la coordinación con organismos públicos y la legalidad del suministro de flores de cáñamo de la firma Má Botanics.
Su defensa afirma que dicha conversación no tuvo por propósito presentar una denuncia ni una autodenuncia, y que el querellante no aportó información sobre delitos propios ni de terceros.
Pese a ello, el 26 de agosto de 2024 el OS7 envió un oficio reservado en el que se indica que Vásquez habría denunciado una presunta infracción a la Ley 20.000. Incluso se le atribuyó declarar que obtenía marihuana desde Má Botanics “para después cultivarla”. El supuesto denunciante rechazó ambas aseveraciones.
La representación legal del querellante sostiene que Carabineros le endosó conductas que no realizó y declaraciones distintas a las efectivamente vertidas.
Asimismo, la querella sostiene que Má Botanics contaba con la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para producir y comercializar flores de cáñamo con bajo contenido de THC, y que dicho material no era apto para su propagación, por lo que no podía utilizarse para iniciar nuevos cultivos.
El difícil escenario para la Fiscalía de Aysén
El caso que desembocó en la Operación Imperio Ámsterdam se originó a partir del oficio reservado N° 311. Incluso, el Ministerio Público habría requerido diligencias respecto del propio querellante y su círculo, entre ellas escuchas telefónicas, vigilancias y seguimientos. Más tarde, se ordenaron allanamientos, incautaciones y detenciones de otros presuntos partícipes.
Justamente, corresponde a la Fiscalía de Aysén esclarecer la presunta falsificación, por lo que la defensa de Vásquez advierte que mantener el caso allí implicaría una situación de “autoinvestigación institucional”.
La querella solicita citar como imputados a los dos funcionarios del OS7 que suscribieron el oficio y recabar la nómina íntegra de policías, fiscales y demás funcionarios que accedieron a la carpeta investigativa.
Asimismo, pide auditar las bitácoras del Sistema de Apoyo a los Fiscales y de las plataformas policiales, además de revisar la trazabilidad de todas las actuaciones derivadas del documento.
