La Corte de Apelaciones de Temuco determinó mantener en prisión preventiva a ocho de los nueve formalizados en una causa por microtráfico de drogas, cohecho, asociación delictual y el ingreso de artículos prohibidos al penal de Collipulli. Entre los afectados hay tres gendarmes que se desempeñaban en el establecimiento penitenciario.
Con ello se modificaron parcialmente las cautelares fijadas en primera instancia por el Juzgado de Garantía de Collipulli, donde 13 personas fueron formalizadas por integrar una organización que ingresaba droga y teléfonos celulares al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Collipulli. Finalmente, ocho de los imputados quedaron en prisión preventiva, incluidos tres gendarmes. Además, entre los formalizados hay cuatro reclusos que ya cumplen condena y, por tanto, en sus casos no se aplicaron cautelares.
El seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, ratificó la resolución adoptada por el Tribunal de Alzada de la región, luego de las apelaciones verbales presentadas al cierre de la audiencia de formalización. “En consecuencia, todas las personas imputadas y formalizadas este miércoles quedaron en prisión preventiva, salvo un sujeto que hasta ahora tiene una imputación menor”, destacó.
Por su parte, el fiscal de Collipulli, Carlos Bustos, precisó que “hay 13 personas formalizadas por los delitos de asociación delictual, ingreso ilegal de aparatos telefónicos a recintos penitenciarios y microtráfico cometido también al interior del CDP de Collipulli, y de estas 13 personas, cuatro de ellas ya se encuentran cumpliendo pena efectiva por otros delitos, por lo tanto no fue necesario solicitar medidas cautelares”.
Un gendarme mantuvo cautelares de menor intensidad
El único de los 13 imputados que quedó con medidas cautelares menos gravosas es uno de los cuatro gendarmes investigados en la causa, a quien la Fiscalía informó que se le indaga por el ingreso de elementos prohibidos, específicamente teléfonos celulares, al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Collipulli.
En su caso, el imputado tendría una participación más acotada en los hechos que indaga el Ministerio Público.
La pesquisa se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia de Gendarmería. De este modo se acreditó la participación de cuatro gendarmes activos, cinco civiles y cuatro internos del penal. Según se indicó, los condenados pagaban hasta $450 mil para obtener un celular.
