Este sábado, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo la audiencia de formalización de cuatro imputados asociados a la investigación por secuestros con fines de extorsión.
En la sesión, el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana presentó los antecedentes del caso, mientras el juez Mario Cayul estuvo a cargo de dirigir la audiencia.
Entre los encausados, tres corresponden a civiles y el cuarto es el subcomisario de la PDI Pablo Gajardo Romo. Las defensas rechazaron las imputaciones por asociación criminal y secuestro, recalcando que sus representados no representan un riesgo para la investigación ni para la comunidad.
En esa línea, solicitaron cautelares alternativas como arresto domiciliario, arraigo nacional, prohibición de acercamiento a las víctimas y restricción de comunicación con el resto de los imputados.
La audiencia de hoy tuvo por finalidad decidir si se imponía la prisión preventiva a estos cuatro acusados o si se aceptaban las medidas sustitutivas propuestas por sus defensas.
Tras un receso, el magistrado propuso continuar y cerrar la sesión el lunes, pero la Fiscalía se opuso, alegando que debe preparar la audiencia del martes, en la que se formalizará a los tres detenidos el jueves. Finalmente, se acordó que la audiencia se reanudará mañana domingo a las 9 de la mañana, con el objetivo de concluir la revisión de las medidas cautelares de los cuatro acusados que hoy enfrentan cargos.
Estos imputados integran la indagatoria sobre una red dedicada a secuestros extorsivos, que operaba simulando procedimientos policiales en un inmueble acondicionado como cuartel de la PDI. En ese lugar se mantenía a las víctimas para exigir cuantiosas sumas de dinero a cambio de su liberación.
En ese contexto, la audiencia de hoy se suma a lo resuelto ayer viernes, cuando el tribunal decretó prisión preventiva para el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi.
En total, la causa registra a 10 personas detenidas, entre ellas exautoridades y funcionarios policiales.
La Fiscalía Supraterritorial imputó cargos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y tenencia ilegal de armas y municiones, y fijó un plazo de 150 días de investigación para esclarecer el papel de cada uno de los acusados y sus nexos con redes internacionales de narcotráfico.
