En el contexto de la investigación por secuestro extorsivo en la Región Metropolitana, en la que este viernes fueron formalizados siete detenidos, entre ellos el exfiscal Vinko Fodich, el tribunal ordenó la prisión preventiva de Fodich, Rodrigo Navarrete Umaña, inspector de la PDI, y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi. En ese marco, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, remitió un oficio al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el que manifestó su oposición a que la cautelar se cumpla en dependencias de la policía civil respecto de los tres detectives imputados.
Durante la tarde de este viernes, inicialmente se comunicó que las detenciones de los imputados Stefano Andreotti y Claudio Navarrete serían ampliadas hasta el martes. El fiscal Supraterritorial Miguel Ángel Orellana precisó que se formalizó a siete personas, a quienes se atribuyen principalmente los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión, además de otros ilícitos como tenencia ilegal de arma de fuego, de municiones y de fuegos artificiales, entre otros.
El persecutor señaló que solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, pero “la audiencia por un tema de programación del tribunal llegó hasta ese momento”. En ese escenario, tres defensas indicaron que no harían alegatos de fondo respecto de la cautelar requerida, por lo que las representaciones de Navarrete Umaña, Vinko Fodich y Moraga Parisi “de alguna manera se allanaron, por el momento, según sus propias palabras, a la medida cautelar de prisión preventiva”.
“Entre los antecedentes que sustentaron la necesidad de cautela, estaba que todos los imputados sabían que el plan delictivo de esta organización consideraba la intervención de funcionarios de la PDI”, afirmó Orellana. El fiscal subrayó que, para fundamentar la medida más gravosa, se buscó “levantar la alerta” sobre la participación de efectivos activos de la policía civil.
Oficio del director general de la PDI
En esa línea, el escrito del Director General de la PDI deja constancia de “la opinión negativa (…) respecto al eventual cumplimiento en recintos institucionales, de la medida cautelar de prisión preventiva que pudiera decretarse respecto de los imputados Pablo Gajardo Romo, Rodrigo Navarrete Umaña y Sebastián Gajardo Rojas”.
El oficio invoca el artículo 23 del Decreto Ley N° 2.460, de 1979, Ley Orgánica de la PDI, que establece que los funcionarios de Investigaciones privados de libertad por resolución judicial, por hechos derivados de actos del Servicio, “permanecerán detenidos, mientras no se decrete su libertad, en los cuarteles de la Institución, que se considerarán habilitados como cárceles para este efecto”.
El documento indica que el inciso 2° de la norma señala que los funcionarios privados de libertad por resolución judicial, por hechos ajenos al servicio, permanecerán detenidos en cuarteles institucionales “sólo a petición del señor Director General”. Luego precisa que el Director General de la PDI “no ha realizado, ni realizará petición alguna” para que dichos funcionarios cumplan una eventual prisión preventiva en recintos institucionales. En este acto y por su orden, se comunica la postura negativa de la máxima autoridad.
Motivos de la opinión negativa
El oficio plantea que los hechos atribuidos “no son propios del servicio, no han ocurrido en el ejercicio legítimo de las funciones de nuestra institución, constituyen delitos graves y son absolutamente contrarios a la doctrina institucional”. Añade que esos actos también colisionan con las obligaciones y tareas que la Constitución impone a los funcionarios de esta Policía.
Asimismo, el documento expone que la PDI carece de instalaciones y condiciones idóneas para que los imputados cumplan una eventual prisión preventiva en sus dependencias. Indica que “no existe la infraestructura adecuada, ni disponemos de recintos para personas privadas de libertad por tiempos prolongados; ni tampoco con dotación de personal suficiente para llevar a cabo custodias permanentes, ni tampoco que presten servicios básicos de salud para los imputados”.
Para la institución, “no resulta prudente que una eventual medida cautelar de prisión preventiva se materialice en recintos no aptos para tal efecto”.
Por estas razones, la PDI comunicó “la opinión negativa del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile respecto al cumplimiento de una eventual medida cautelar de prisión preventiva en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile”.
