La reciente visita a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó una definición que recoloca a Perú en el mapa de la seguridad regional: el país oficializó su integración al Escudo de las Américas, la iniciativa promovida por la administración de Donald Trump para enfrentar el narcotráfico, el lavado de dinero y las redes delictivas transnacionales.
Con la adhesión, se abre paso a una cooperación reforzada en materias de inteligencia, ciberseguridad y apoyo operativo, mientras Chile mantiene una actitud prudente ante una propuesta cuyo alcance y naturaleza aún están siendo analizados.
El ingreso de Perú se confirmó después del encuentro entre Rubio y la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, el 10 de septiembre. La cita formó parte de una gira que incluyó Colombia y Ecuador, con un mensaje político y de seguridad que la Casa Blanca busca afianzar en América Latina: Estados Unidos quiere devolver al hemisferio un rol central en su política exterior.
“Me alegra profundamente el anuncio de que Perú se sumará al Escudo de las Américas. ¿Enfrenta este escudo a qué? A las amenazas contra la soberanía de estas naciones independientes”, señaló Rubio en una conferencia de prensa.
Para el Ejecutivo peruano, la incorporación a la alianza representa una herramienta para combatir delitos que se han expandido a nivel regional. La mandataria Fujimori afirmó que el esquema facilitará reimpulsar la cooperación bilateral con Washington y acceder a información clave para golpear a las mafias.
“Para nosotros integrarnos al Escudo de las Américas es esencial. Primero, porque relanza el trabajo conjunto de ambos países. Nos va a permitir muchas cosas, entre ellas acceder a información. Vamos a poder actuar directamente. Seremos socios y aliados. Ese es el objetivo del escudo”, expresó la presidenta peruana.
La alianza
El Escudo de las Américas fue presentado como una alianza de países para coordinar respuestas contra bandas delictivas, carteles, tráfico de drogas y la inmigración irregular masiva. La instancia se lanzó el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, bajo la presidencia de Donald Trump.
La nómina inicial contempló a Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Más tarde se sumaron Colombia y Perú.
Aun así, la caracterización de la iniciativa exhibe matices relevantes respecto de Chile. Mientras ciertos antecedentes sobre su creación lo cuentan entre los 13 miembros fundadores, otras fuentes subrayan que Santiago no se ha integrado plenamente y que su rol se restringe a una condición de “observador” o a la firma de una declaración “sin efectos vinculantes”.
Esa discrepancia es clave para comprender la prudencia chilena. El debate no pasa solo por la urgencia de cooperar contra el crimen organizado, sino también por el tipo de obligaciones que cada país está dispuesto a asumir dentro de una arquitectura regional liderada por Estados Unidos.
“Mecanismo multilateral”
El canciller peruano, Carlos Espá, defendió recientemente la adhesión ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Allí describió el esquema como un mecanismo multilateral para perseguir organizaciones que traspasan fronteras.
“El Escudo de las Américas es un mecanismo multilateral en el cual 13 países, en el mes de marzo, decidieron unirse para luchar contra las organizaciones criminales transnacionales y contra el lavado de activos”, indicó Espá.
El funcionario añadió que el respaldo norteamericano podría potenciar las capacidades del Estado peruano. “Con el intercambio de información y ciberseguridad, más el apoyo operativo y logístico que Estados Unidos puede brindarnos, vamos a estar en mejores condiciones de enfrentar el lavado de activos y las organizaciones criminales. Confiamos en lograr un impacto mucho mayor”, expuso ante el Congreso.
Inteligencia y colaboración
La apuesta peruana parte de un diagnóstico compartido por autoridades y especialistas: las principales estructuras criminales de la región no se circunscriben a un solo país y exigen coordinación internacional.
El excanciller peruano Luis Gonzales Posada advirtió que la expansión de grupos como el Tren de Aragua, los Choneros de Ecuador y las bandas asociadas al “gota a gota” colombiano obliga a articular una respuesta conjunta.
“Se trata de organizaciones criminales transnacionales que no podemos enfrentar de manera aislada”, alertó en declaraciones a El Comercio.
Gonzales, además, sostuvo que una plataforma regional podría enlazar a las entidades locales con agencias estadounidenses con trayectoria en seguridad, como la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).
“Aquí se produce la droga y en Estados Unidos se consume. Por lo tanto, hay que actuar de forma bilateral, pero coordinada”, subrayó.
El exembajador peruano en Estados Unidos Alfredo Ferrero también resaltó que la adhesión facilitaría soporte tecnológico y de inteligencia para combatir economías ilegales.
“Sabemos que el respaldo tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos es fundamental para alcanzar los objetivos que el Perú se ha trazado para reducir la inseguridad interna”, señaló al diario peruano.
Ferrero enfatizó que, a su entender, la cooperación no implica renunciar a la autonomía. “Esto no conlleva ceder nuestra soberanía ni nuestra autonomía; se trata de complementar los servicios de inteligencia y la defensa continental para una acción conjunta contra las economías ilegales, no solo el narcotráfico, también la minería ilegal”, afirmó.
Temas en discusión
La posible intervención de fuerzas estadounidenses fue uno de los puntos planteados tras la reunión en Palacio de Gobierno. Fujimori precisó que cualquier ingreso de tropas deberá ajustarse a los procedimientos previstos por la normativa peruana y requerirá el visto bueno del Congreso.
“Existe una ley específica en la Constitución. Cada vez que se autoriza el ingreso de tropas a nuestro país, se solicita un permiso especial al Congreso de la República y eso, por supuesto, se va a mantener. La soberanía de Perú permanece intacta”, recalcó la jefa de Estado.
La presidenta enmarcó la cooperación en el objetivo de fortalecer al Estado frente a las organizaciones criminales. “Lo que vamos a recuperar es el orden, la tranquilidad y la paz para todos los peruanos”, sostuvo.
Ventajas económicas y comerciales
La agenda de Rubio no se circunscribió al plano policial, militar o de inteligencia. El secretario de Estado señaló que la estrategia de Estados Unidos para el hemisferio incluye resultados tangibles en el ámbito económico y comercial que los gobiernos aliados puedan mostrar a sus ciudadanos.
“Cuando un presidente resulta electo y decide cooperar y trabajar con Estados Unidos, es crucial que pueda demostrar a su pueblo que hay beneficios en asociarse y colaborar con Estados Unidos, no solo en seguridad, sino también en los planos comercial y económico”, añadió.
Rubio afirmó que Estados Unidos dará prioridad a América Latina porque los problemas de la región impactan directamente en su país. “La geografía es real y los problemas del hemisferio nos afectan de forma directa”, remarcó.
En una columna publicada por El Comercio, el secretario de Estado propuso que el vínculo económico con Perú se sustente en inversiones transparentes en sectores estratégicos.
En ese artículo, cuestionó las iniciativas vinculadas al Partido Comunista Chino y sostuvo que el sector privado estadounidense ofrece inversiones que “preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio”.
El planteamiento de Rubio se dio en un contexto en que China ha incrementado su presencia económica en Perú, con el megapuerto de Chancay como uno de los ejemplos más mencionados.
Una de las preguntas dirigidas al secretario de Estado durante la actividad en Lima apuntó de manera explícita a las inversiones chinas y a la disposición del Gobierno de Fujimori para estrechar su alianza con Washington.
Rubio respondió con una apuesta por una mayor implicación estadounidense en la región. “No es una prioridad retórica”, aseguró, y agregó que habrá “acciones concretas” más allá del Escudo de las Américas.
¿Y Chile?
En Chile, el panorama luce menos claro. En agosto, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, informó que el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, firmó el 12 de marzo una Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles.
El acto tuvo lugar un día después de que Barros asumiera oficialmente sus funciones en el gobierno del presidente José Antonio Kast. La reunión se realizó los días 4 y 5 de marzo de este año y congregó a autoridades de 17 países americanos, bajo la conducción del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Judd señaló en redes sociales que la firma chilena de la declaración de la Americas Counter Cartel Coalition (A3C) “ratifica nuestro compromiso de profundizar la cooperación bilateral y regional ante las amenazas que afectan a nuestro hemisferio”.
Desde el Ministerio de Defensa de Chile, sin embargo, descartaron que dicha firma equivalga a un acuerdo formal o a la incorporación del país a operaciones de la coalición.
La cartera precisó que el documento es una “declaración de buenas intenciones” o de “intereses”, sin que suponga la adopción del acuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con ese mismo antecedente, indicó que la propuesta continúa en evaluación.
La postura de Barros también se interpretó como una señal de distancia frente al enfoque estadounidense. El ministro sostuvo que Chile “no es el patio trasero de ningún país”, frase pronunciada en el marco de las conversaciones sobre operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el incremento de la inversión en defensa.
El sociólogo y analista político peruano Santiago Pedraglio fue más directo al describir el estatus de Chile dentro del mecanismo.
“Chile no figura como miembro pleno del Escudo de las Américas. Chile participa como observador, en calidad de observador”, afirmó en una entrevista difundida por La Mula.
Pedraglio asoció esa posición a la institucionalidad chilena y a la intención de mantener márgenes propios frente a la iniciativa.
“Ni son integrantes plenos ni buscan serlo”, señaló. También evocó la frase del ministro de Defensa chileno: “Nosotros no somos patio trasero de nadie”.
En la misma conversación, el analista aseguró que Guatemala y Uruguay tampoco forman parte, ni siquiera como observadores. Perú ya adoptó una definición, mientras Chile parece mantener una condición distinta y más distante.
