En noviembre de 2003, Hu Jintao, entonces presidente de la República Popular China, sostuvo en la Conferencia Central de Trabajo Económico: “Algunas grandes potencias han buscado de forma reiterada interferir y dominar la navegación por el estrecho de Malaca”. Esta idea, que más tarde sería conocida como el “dilema de Malaca”, resonó meses después en la prensa china con una formulación aún más clara: “No resulta excesivo afirmar que quien domine el estrecho de Malaca controlará también la ruta energética hacia China”.
La eventualidad de un bloqueo del estrecho de Malaca pasó pronto de ser una conjetura a convertirse en un auténtico rompecabezas para los planificadores económicos en Pekín. Pero ¿dónde se ubica exactamente el estrecho de Malaca? ¿Y por qué es tan decisivo para la economía del gigante asiático?
El estrecho de Malaca, el punto vulnerable del suministro energético chino
El estrecho de Malaca es un paso marítimo de unos 900 kilómetros de largo y entre 65 y 400 kilómetros de ancho, emplazado en el Sudeste Asiático, entre la península malaya y la isla de Sumatra. Une el Océano Índico con el Mar de China Meridional, en el extremo occidental del Pacífico. A lo largo de la historia, ha estado bajo el dominio de diversas potencias navales regionales, sultanatos malayos e imperios coloniales —entre ellos portugueses, holandeses, británicos y japoneses—, y hoy sus aguas bañan los territorios de Tailandia, Malasia, Indonesia y Singapur.
Como corredor marítimo clave entre los océanos Índico y Pacífico, por el estrecho de Malaca circula en torno al 22%–25% del comercio marítimo global, lo que lo convierte en uno de los embudos más críticos del tráfico oceánico y un punto geopolítico de primer orden.
Más de 100.000 naves cruzaron este paso en 2025, situándolo como el corredor marítimo más congestionado del planeta. A modo ilustrativo, ese mismo año por el canal de Panamá pasaron cerca de 14.000 buques. Su peso es incluso mayor en los mercados energéticos: por allí transita más del 35% del petróleo enviado por mar y alrededor del 20% del gas natural.
China, en particular, cubre más del 70% de su consumo de crudo con importaciones. De esa porción, entre el 75% y el 80% del petróleo que llega por mar pasa por el estrecho de Malaca.
Esta dependencia tanto del petróleo extranjero como de dicha ruta marítima constituye un auténtico “talón de Aquiles” para el Gobierno central. En un hipotético choque con Estados Unidos, el dilema de Malaca pasaría a primer plano: Washington podría obstaculizar o limitar con relativa facilidad el flujo de esta vía esencial para la economía y el abastecimiento energético chinos.
El antecedente japonés: el riesgo de la dependencia del crudo
La experiencia del último gran poder asiático que se midió con Estados Unidos por la primacía en Asia es elocuente: el embargo petrolero estadounidense a Japón —que fue un factor decisivo en el camino hacia el ataque a Pearl Harbor— y la consiguiente ocupación japonesa de las Indias Orientales Neerlandesas, hoy Indonesia. Antes de la ruptura, Japón obtenía de Estados Unidos cerca del 80% de su petróleo. La mayor parte del resto llegaba desde las Indias Orientales Neerlandesas, que entonces concentraban las mayores reservas de crudo de Asia Oriental.
El 26 de julio de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt dispuso congelar los activos japoneses en Estados Unidos. En la práctica, esto restringió drásticamente la capacidad de Japón para adquirir petróleo, acero y otros insumos estratégicos norteamericanos. El 1 de agosto, Washington vetó formalmente las ventas de crudo a Japón. Aunque Tokio había acumulado reservas significativas, la medida alteró profundamente los cálculos de los mandos japoneses: se estimaba que el stock disponible no superaría los dos años. En consecuencia, Japón no podía sostener indefinidamente su campaña en China sin asegurar nuevas fuentes de petróleo.
En una serie de reuniones entre julio y noviembre de 1941, se acordó atacar posiciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda si fracasaban las gestiones para revertir las medidas estadounidenses. La perspectiva del progresivo agotamiento de sus reservas inclinó finalmente a Japón a lanzar el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, abriendo el frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial.
En cierta medida, la derrota militar de Japón (y, en gran parte, también la de Alemania) respondió tanto a los reveses en combate como a su incapacidad para garantizar un suministro fiable de crudo. Estas lecciones, sin duda, han sido observadas de cerca por las autoridades chinas. Así, el “dilema de Malaca” adquiere una dimensión existencial para la supervivencia nacional de China en caso de conflicto.
El shock de Ormuz: primer examen de la renovada política energética china
Cuando estalló la guerra de Irán a fines de febrero, China parecía especialmente expuesta. Su dependencia del crudo de Oriente Medio es muy elevada en términos absolutos: la región aporta aproximadamente entre el 37% y el 45% de sus importaciones. El cierre del estrecho de Ormuz, menos de dos meses después de que Estados Unidos alterara los flujos de petróleo desde Venezuela, pareció materializar uno de los mayores temores estratégicos de Pekín: un shock petrolero de gran magnitud fuera de su control.
Para los analistas energéticos —algunos anticiparon precios por encima de 200 dólares por barril—, la reacción relativamente moderada del mercado ante la mayor interrupción de suministro registrada tomó por sorpresa. La liberación de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos no fue el único elemento que contuvo el precio del crudo por debajo de los 100 dólares. Otro factor clave fue la caída de las compras chinas: desde el cierre de Ormuz, la segunda economía del mundo ha importado menos petróleo diario que en los últimos cinco años. Este descenso en la demanda de China alivió la presión alcista derivada del corte de flujos por el estrecho, por el que normalmente transita cerca del 20% del consumo mundial de crudo.
Las cifras mensuales de la Administración General de Aduanas de China muestran que, desde el cierre de Ormuz, el país importó apenas 8,2 millones de barriles diarios de crudo, un 32% menos que en los dos primeros meses del año. Este retroceso contrasta con los máximos previos al conflicto en Oriente Medio: en el segundo semestre de 2025, China promedió 11,9 millones de barriles al día.
El efecto amortiguador que ejerció China sobre los precios internacionales del petróleo ayudó, paradójicamente, a disminuir el costo político interno para la administración Trump. No obstante, los datos revelan que en julio se produjo un repunte significativo de las compras chinas. Será clave seguir de cerca su trayectoria en los próximos meses, pues este aumento podría formar parte de una táctica para atenuar la caída de la demanda china en los precios globales y, eventualmente, elevar la presión sobre el mercado de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos.
En cualquier caso, China ha eludido en gran medida los incrementos de precios y el racionamiento de combustibles que golpearon a otros países de Asia. Su economía no sufrió alteraciones mayores. Surge entonces una cuestión central: ¿cómo consiguió China acomodar la caída de importaciones sin afectar de forma significativa su capacidad productiva?
Reservas estratégicas: un antídoto de corto alcance
Durante las dos últimas décadas, los responsables de la política energética china han buscado disminuir la dependencia del país del petróleo y el gas importados y, con ello, su exposición a un eventual bloqueo naval del estrecho de Malaca en un posible choque con Estados Unidos. Con ese fin, en marzo de 2004 se creó la Reserva Estratégica de Petróleo de China. El esquema combina existencias bajo control del gobierno central con inventarios comerciales y reservas a nivel provincial, constituyendo un sistema bastante más amplio que la reserva estatal en sentido estricto.
En el episodio de Ormuz, la liberación de reservas ayudó a limitar la escalada de los precios de los combustibles: Beijing intervino para contener el alza interna en torno al 30%, protegiendo en buena medida a los consumidores del encarecimiento internacional.
Aun con la opacidad de los datos, múltiples fuentes coinciden en que China ha reunido las mayores reservas de crudo del planeta. Antes de la guerra, importaba alrededor de 1 millón de barriles diarios por encima de la capacidad de procesamiento de sus refinerías, y se presume que buena parte de ese excedente se destinó a inventarios comerciales y estratégicos. De acuerdo con Michal Meidan, directora de Investigación Energética sobre China del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, las reservas totales se ubicarían entre 1.100 y 1.300 millones de barriles, equivalentes a unos 110–140 días de importaciones netas. La prensa china ha citado cifras similares. Este volumen sería de tres a cuatro veces el reportado por Estados Unidos.
La acumulación de estas existencias estratégicas se realizó en fases de precios relativamente bajos y se vio favorecida por el acceso a crudo de países bajo sanciones estadounidenses, en particular Irán, Venezuela y Rusia. Las restricciones impuestas a estos productores generaron rebajas sustanciales respecto a las cotizaciones internacionales, permitiendo a empresas chinas comprar grandes volúmenes por debajo del precio de mercado.
El primer país sometido a sanciones especialmente severas fue Irán. El 8 de mayo de 2018, el presidente Donald Trump anunció la salida de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto (JPCOA, por sus siglas en inglés), el acuerdo nuclear alcanzado en 2015. En noviembre de ese año, Washington restableció las sanciones, incluyendo medidas específicas contra los sectores energético, naviero y financiero iraníes. Las compañías extranjeras que realizaran operaciones a través del sistema financiero estadounidense con entidades sancionadas de Irán se arriesgaban a perder su acceso a dicho sistema.
Venezuela fue el siguiente productor en ser objeto de sanciones: en enero de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a su lista de entidades sancionadas. Como resultado, se bloquearon los activos de la empresa bajo jurisdicción estadounidense y, en términos generales, se prohibieron las transacciones con PDVSA para actores estadounidenses. En la práctica, estas disposiciones limitaron drásticamente la capacidad de Venezuela para colocar su petróleo en los mercados y utilizar el sistema financiero en dólares.
El caso de Rusia presenta matices distintos. El 8 de marzo de 2022, dos semanas después de la invasión de Ucrania, Estados Unidos vetó la importación de crudo y derivados rusos a su territorio. Sin embargo, Washington no intentó impedir que el resto del mundo comprara petróleo ruso. Dado que Rusia producía cerca de 10 millones de barriles diarios, retirar ese volumen del mercado habría provocado un shock de precios global de enormes proporciones, difícilmente inocuo para el consumidor estadounidense. En cambio, Estados Unidos y sus socios del G7 pusieron en marcha un mecanismo inédito para mantener el petróleo ruso fluyendo, pero reducir los ingresos de Moscú: en diciembre de 2022 fijaron un techo de US$60 por barril para el crudo ruso transportado por mar. Como los países del G7 dominaban buena parte de los servicios marítimos, incluido el financiamiento y los seguros, el tope restringía la capacidad de financiamiento del régimen ruso.
Las estadísticas anuales de importación reportadas por China sugieren un cumplimiento relativamente estricto de las sanciones: desde 2019, los envíos de crudo venezolano e iraní se reducen de forma marcada, hasta casi desaparecer de los registros oficiales en 2021. En contraste, las compras a Rusia aumentan de manera importante desde 2022, en sintonía con el régimen de tope de precios.
No obstante, los datos que recaban plataformas de análisis de flujos de materias primas, como Kpler y Vortexa, dibujan otra realidad. En vez de consultar directamente a las aduanas, estas firmas reconstruyen el movimiento físico del crudo siguiendo barcos y cargamentos desde el punto de carga hasta el de descarga, combinando sistemas de identificación automática terrestres y satelitales, imágenes de drones y reportes de inteligencia portuaria.
Este enfoque ha permitido identificar a Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Omán e Indonesia, entre otros, como centros relevantes de “re-etiquetado” del origen de crudo iraní y venezolano. Así, el país declarado en las estadísticas aduaneras chinas no siempre coincide con el origen físico real del petróleo.
Con base en la traza física de los flujos, los volúmenes importados por China muestran un repunte sustancial: en el caso de Venezuela, se acercan a los niveles previos a las sanciones; en el de Irán, superan más del doble de lo que China solía comprar antes de las restricciones. Al actuar como comprador de último recurso, las refinerías independientes chinas obtuvieron un margen de negociación relevante. En consecuencia, adquirieron crudo con rebajas notables frente al precio internacional. Estimaciones citadas por Reuters y el Instituto Mercator de Estudios sobre China sitúan los descuentos promedio en torno a US$12 por barril para el crudo iraní, US$12 para el venezolano y US$7 para el ruso.
El régimen sancionatorio de Estados Unidos parece haber mermado sustancialmente la capacidad de financiamiento de Irán y Venezuela, pero al precio de generar, paradójicamente, una ocasión muy ventajosa para que su principal rival geopolítico, China, accediera a petróleo con descuento. Y el país la aprovechó para abaratar costos y engrosar sus reservas estratégicas. Esta dinámica ayuda a explicar el giro en la política exterior hacia Irán, Venezuela y Rusia que trajo la segunda administración de Donald Trump.
Diversificar la matriz: la ruta hacia mayor autonomía
Durante la crisis energética, China también echó mano de sus reservas internas de carbón y gas natural e incrementó la generación renovable para abastecer el mercado. Al mismo tiempo, continúa empujando una transición hacia fuentes alternativas: expande con fuerza su programa nuclear y ha impulsado masivamente la adopción de vehículos eléctricos entre la ciudadanía.
China es, por amplio margen, el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo, y está extendiendo ese impulso al transporte de carga. Desde 2025, por primera vez, la cuota de los eléctricos en las ventas de autos nuevos superó a la de los de combustión. Una década atrás, los eléctricos eran marginales y se limitaban a unos pocos modelos de alta gama; a partir de 2021, con la recuperación pospandemia, su adopción se aceleró con fuerza hasta los niveles actuales.
Esta transición agresiva desde los motores a combustibles fósiles hacia la electricidad no se limitó al consumo doméstico: también alcanzó el sector industrial. Desde 2021, comenzaron a incorporarse camiones pesados eléctricos y, en apenas cuatro años, estos representan cerca del 28% de las ventas anuales del segmento.
Analistas de Goldman Sachs señalan que, pese al encarecimiento de la gasolina, la congestión vial se mantuvo relativamente estable. En parte, esto obedece al vasto parque de vehículos eléctricos del que dispone China. En esta línea, el crecimiento de la demanda petrolera en el país se ha desacelerado a medida que aumentan la penetración de automóviles y camiones eléctricos.
Por su parte, la energía nuclear combina bajas emisiones de carbono con un refuerzo de la seguridad de suministro. China está en plena expansión de su flota de reactores. En 2026, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear registra 64 reactores en operación y otros 37 en construcción; estos últimos equivalen aproximadamente al 58% del parque hoy operativo. El país lidera con holgura la construcción de nuevas unidades a escala mundial.
Desde 2010, la capacidad nuclear instalada en China se ha multiplicado por cinco y hoy aporta el 4,6% de la generación eléctrica nacional.
¿Fin del dilema o simple tregua?
China se ha preparado de forma estratégica para encarar un shock energético global de un modo que pocos países han igualado. La planificación iniciada hace veinte años, motivada por el temor a un posible corte de sus suministros, parece haber sido validada por la guerra de Irán, lo que probablemente llevará a profundizar aún más esta hoja de ruta.
El debate entre los diseñadores de política energética en Beijing se inclina cada vez más a reducir el papel del petróleo en la economía. Entre las recomendaciones para el XV Plan Quinquenal figura con fuerza “acelerar el desarrollo de un nuevo sistema energético”. La meta es convertir a China en una potencia en energía. En ese marco, el plan destaca explícitamente la expansión de la eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y nuclear, todas ellas apoyadas en generación doméstica.
La expansión de reservas estratégicas de petróleo y gas se concibe como una herramienta ocasional para absorber shocks de suministro, capear interrupciones y sostener la estabilidad económica ante tensiones geopolíticas. China aún no puede desprenderse del petróleo, pero sí amortiguar sus efectos sobre los precios y la continuidad del abastecimiento. Sin embargo, como las autoridades han insistido en la última década, la apuesta estructural a largo plazo es la electrificación de la economía para ganar mayor autonomía energética.
La transición aún está en curso. La mezcla energética primaria lo evidencia: en 2025, el carbón aportaba el 56,9%, el petróleo el 20,9% y el gas natural el 9,8%. Estos dos últimos conforman las mayores vulnerabilidades, al depender en gran parte de importaciones. El carbón, en cambio, es mayoritariamente de origen doméstico y opera como recurso de último respaldo para la generación.
La energía nuclear brinda, en teoría, un plus de seguridad, pero la rápida ampliación del parque, sumada a la insuficiente producción interna de uranio, ha generado otra dependencia: la de Kazajistán. Ese país suministra una porción significativa del uranio que consume China. Y, si bien hoy las relaciones diplomáticas y comerciales son excelentes, no hay garantías de que ese escenario se perpetúe indefinidamente.
Suele atribuirse la apuesta china por la electrificación a la búsqueda de una matriz más limpia. Aunque la descarbonización es un beneficio claro, la razón de fondo es que la electricidad es el vector energético sobre el que China puede ejercer mayor control. En este sentido, objetivos climáticos y seguridad energética se refuerzan mutuamente.
Las industrias que impulsan la revolución de la inteligencia artificial y la manufactura avanzada son, además, grandes consumidoras de electricidad. De ahí que la geopolítica de la energía esté desplazándose del control de los flujos de petróleo al dominio de sistemas industriales electrificados. China ya ha avanzado con decisión en esa dirección.
A un ritmo acelerado, el temor expresado por Hu Jintao en 2004 ha empujado a China hacia una de las transformaciones energéticas más trascendentes de la historia. Lo que nació como un plan para disminuir la exposición a un eventual bloqueo del estrecho de Malaca ha evolucionado en un entramado más amplio, en el que la electrificación puede convertirse simultáneamente en vía de descarbonización, blindaje energético y autonomía industrial.
