En días recientes salió a la luz el caso de Lucy Depablos, activista venezolana contratada en el Servicio Civil, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el cual ha generado polémica por su abultada remuneración y las funciones que cumple.
Según publicó Contrapoder —información verificada vía Transparencia por BioBioChile—, desde al menos marzo de este año figura como personal a contrata en el cargo de jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Civil.
Los ingresos de Depablos fluctuaron entre mayo y julio, percibiendo en dos de esos meses cerca de $2,2 millones. Sin embargo, en junio su salario bruto superó los $5,6 millones.
Este hecho habría levantado críticas y dudas dentro del Servicio Civil, debido a que no existiría certeza de que Lucy Depablos cuente con el título de periodista.
En el portal de Transparencia Activa, en el ítem “Calificación profesional o formación”, únicamente se indica que posee “Más de 5 años de experiencia en comunicaciones institucionales, comunicación estratégica y gestión de contenidos en el ámbito municipal”.
El medio citado afirma que la activista venezolana “ha trabajado como asesora para la gestión de Felipe Alessandri (RN) en la Municipalidad de Lo Barnechea y jefa de comunicaciones de la Corporación de Deportes y Recreación La Reina”. No obstante, consultado por BioBioChile, el equipo del jefe comunal negó esas versiones y sostuvo que habría estado algunos meses contratada como asesora de la concejala republicana Carmen Mc Intyre.
¿Quién es Lucy Depablos?
En sus perfiles, Lucy Depablos se define como ‘joven conservadora’ y presidenta de la Fundación LIP, organización que —según su descripción— busca “potenciar liderazgos jóvenes que deseen interactuar con el mundo en una sociedad internacional que respeta y valora cada nación”.
Una de las publicaciones de la fundación la presenta como “politóloga y analista política. Presidenta de la Fundación LIP (Liderazgo, Interacción y Proyección). Colaboradora del libro La maldición de la popularidad (The Curse of Popularity), publicado por el Centro de Derechos Fundamentales de Hungría. Especialista en comunicación estratégica y bidireccional, participante del programa radial Carta Ciudadana y promotora de la Era de los Patriotas y nuevos liderazgos populares”.
De acuerdo con el mismo medio, Depablos tomó notoriedad durante el proceso constituyente, al ejercer como vocera de la iniciativa de organizaciones migrantes por el Rechazo en el Plebiscito de 2022.
Asimismo, habría sido vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Nuevas Generaciones UDI, según Contrapoder. En un registro viralizado en redes sociales aparece como Líder UDI Venezuela.
Además, en una publicación del 5 de marzo de 2023, la entonces convencional UDI —y luego Consejera Constitucional—, Carolina Navarrete (actual seremi de Vivienda del Ñuble), figura como vicepresidenta de la Fundación LIP (presidida por Depablos).
Consultada por BioBioChile, desde la bancada señalaron que Depablos habría dejado de participar en actividades propias de la UDI entre 2023 y 2024. También remarcaron que no es militante del partido, aunque “participó de instancias pasadas de la juventud”.
No obstante, desde entonces la politóloga venezolana habría tenido una participación activa en instancias del Partido Republicano (REP).
En publicaciones tanto del Partido Republicano como de la propia activista, se la observa participando en la campaña de Pedro Lea-Plaza (REP) cuando postuló a la alcaldía de Lo Barnechea en 2024.
También habría integrado la campaña que encabezó el republicano en 2025 como candidato a diputado por el distrito 11 en la Región Metropolitana (RM).
Incluso, en una entrada de su Instagram, Depablos aparece junto a Lea-Plaza y José Antonio Kast Adriasola.
Desde el Partido Republicano informaron a BBCL que Lucy DePablos “se desempeña en el Servicio Civil y no figura en el padrón de militantes del Partido Republicano”.
“Respecto de las fotografías o publicaciones en las que aparece junto a nuestras autoridades, es importante precisar que tanto en actividades de campaña como en otras instancias es habitual que adherentes o cualquier persona soliciten fotografías. La existencia de este tipo de registros, por sí sola, no supone ni acredita un vínculo partidario con nosotros“, detallaron.
“En ese sentido, los antecedentes que manejamos apuntan a que las vinculaciones políticas que se le atribuyen serían anteriores y estarían relacionadas con la UDI, y no con una militancia en el Partido Republicano”, añadieron.
Respecto a su llegada al Servicio Civil, BioBioChile consultó al Ministerio de Hacienda, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Otras contrataciones polémicas del Gobierno
BioBioChile intentó obtener una declaración de Lucy Depablos, pero hasta la publicación de este artículo no respondió.
En este contexto, su caso se suma a otros ya conocidos, como el de Cristóbal Soto (19), estudiante de periodismo —es decir, sin título profesional—, quien ha recibido $1,9 millones brutos al mes por tareas de gestión de redes sociales y apoyo comunicacional en el Ministerio del Interior.
También se conoció recientemente la contratación de Sofía Pumpin, periodista titulada en julio de 2025, como encargada de la coordinación e información de las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales, “consolidando reportes y antecedentes que contribuyan a la coordinación territorial y al monitoreo de la situación país”. Todo ello por un sueldo de $2.350.000.
A estos casos se suma Emilio Court Bengolea, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Chile, contratado en la avanzada presidencial —es decir, en el entorno cercano del presidente José Antonio Kast— como “experto en gestión administrativa” y “experto en producción general”, con pagos que llegan hasta los $3,7 millones brutos. Previamente, integró la Oficina del Presidente Electo (OPE).
Sobre el caso de Emilio Court, desde La Moneda explicaron a Radio Bío Bío que los $3,7 millones consignados en junio no corresponden a una remuneración mensual, sino a un monto acumulado porque Court no había recibido pagos durante marzo, abril y mayo. Con todo, en febrero percibió $1,7 millones brutos como “experto en gestión administrativa”, y en marzo obtuvo otros $333 mil por labores vinculadas al traspaso de mando.
