La senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a los asuntos que han dominado la agenda política en los últimos días, entre ellos la interpelación al canciller Francisco Pérez y las recientes controversias diplomáticas con otros Estados.
En conversación con Bío Bío, respaldó la interpelación al secretario de Estado y cuestionó cómo ha actuado la Cancillería frente a declaraciones de autoridades extranjeras. A su juicio, se ha generado un “exceso de alboroto” por usar esta atribución y alertó que “no existen límites nítidos” respecto de los dichos que puedan emitir presidentes y embajadores foráneos.
Además, apuntó contra las intervenciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, indicando que su tarea “no es transformarse en comentarista de la política chilena”, y reprochó que Cancillería tardara en convocarlo por sus declaraciones sobre la contingencia nacional.
De igual modo, la presidenta del PS cuestionó la reforma constitucional de seguridad del Gobierno, acusando ausencia de una propuesta definida y de voluntad política para enfrentar fenómenos como el crimen organizado. A su entender, las medidas planteadas no abordan el problema de fondo y presentan deficiencias en su diseño.
Por último, respecto al desempeño del Gobierno, sostuvo que la coyuntura económica actual “se relaciona con decisiones adoptadas por esta administración” y criticó discursos del Ejecutivo que calificó como “erráticos”.
La interpelación al canciller Pérez y las tensiones diplomáticas recientes
—La interpelación al canciller Francisco Pérez abarca un amplio temario de 13 puntos, ¿qué persiguen con este instrumento?
Esta interpelación es una potestad constitucional de la Cámara de Diputados. Será el diputado Nelson Venegas (PS) quien la lleve adelante en representación de la corporación. Como toda interpelación, busca aclarar determinados actos y transparentar políticas públicas ante la ciudadanía.
Considero que se ha exagerado el hecho de ejercer esta herramienta. Incluso se ha dicho que quienes la promueven son antipatriotas, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que nos mueve es resguardar los intereses del país, ante la laxitud que hemos observado en el Gobierno en esta materia.
Sinceramente, no comprendo la controversia, dado que el propio canciller ha asistido a diversos programas, radios y entrevistas en los que ha abordado todos los puntos que contempla la interpelación. Pareciera que informar por la prensa está bien y que hacerlo desde el Congreso fuese el problema, pese a que el contenido es el mismo.
—Entre los temas figura la política exterior con Argentina. ¿Existe el riesgo de que la relación entre José Antonio Kast y Javier Milei, presidente del país trasandino, termine condicionando dicha política exterior?
La política exterior es una política de Estado, que va más allá de los gobiernos y, con mayor razón, de las personas. Espero que con el presidente Kast también se respete ese principio. Lamentablemente, la invitación cursada en un momento especialmente inoportuno tras los dichos sobre el estrecho de Magallanes refleja una manera muy distinta de concebir las relaciones internacionales, que deben ser de Estado y no de amistades personales.
Recibir al presidente Milei en La Moneda sin que hubiera gestos frente a lo que significaron las expresiones de miembros de la defensa argentina, a mi juicio, no correspondía.
—Milei aseguró en el Foro Madrid que “el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos”. ¿El Gobierno de Kast restó gravedad a sus palabras? Considerando que el mandatario chileno dijo que no lo habría dicho, pero que no iba a comentarlas.
¿Quién lo invitó? ¿Quién le habilita un espacio para dirigirse a nuestro país en esos términos? Nadie salió a exigirle que mantuviera el respeto hacia un expresidente de Chile. Todo tiene un límite y permitir que alguien venga a denostar a nuestros compatriotas y a un exmandatario no es aceptable.
—El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aludió a la facilidad de aplicar la “doctrina Donroe” y, además, vinculó el estallido social con la izquierda, aunque después reconoció que no contaba con datos para respaldar sus dichos. ¿Qué lectura hace de estas intervenciones?
El embajador de Estados Unidos ha emitido reiteradamente opiniones políticas y solo después de la cuarta o quinta vez se le cita a la Cancillería para pedirle que se abstenga. Da la impresión de que no hay límites bien definidos por parte de Cancillería hacia presidentes y representantes extranjeros, lo que resulta muy preocupante.
-Respecto de sus comentarios sobre el estallido social- No es una crítica, es una afirmación que hace y luego desdice. Que estemos conversando sobre un embajador extranjero ya es inusual. Los embajadores no deberían ser noticia. Su función no es opinar de la política chilena. Su labor es otra, y estimo que Cancillería tardó demasiado en convocar al embajador Judd.
El punto crítico de la reforma de seguridad del Gobierno
—Diversas voces alertan sobre una posible deriva autoritaria en nuestro país. ¿Comparte esa inquietud?
Cuando se presenta una reforma constitucional que confiere más atribuciones al presidente en un sistema ya presidencialista, surge la preocupación de que se esté debilitando la separación y el control entre poderes.
Un rasgo esencial de la democracia, además del ejercicio periódico del voto, es el equilibrio entre poderes. Eso se erosiona cuando se pretende entregar al presidente, vía Estado de Emergencia, facultades para suspender derechos y garantías constitucionales por períodos prolongados sin la intervención del Congreso Nacional.
—Desde el oficialismo señalan que la oposición busca frenar la agenda en un tema prioritario para la ciudadanía: la seguridad. ¿Es así?
Primero quisiera que se explicitara cuál es la agenda de seguridad del Gobierno. No existe una agenda propia. Lo que vemos es que se retoman numerosos proyectos que ya estaban en tramitación. Por ejemplo, el proyecto de flagrancia y el de Carabineros venían del Gobierno anterior y fueron aprobados en el Senado esta semana.
¿Dónde está la propuesta distintiva del Gobierno en seguridad? La reforma constitucional sufrió un rechazo tan amplio que desde Libertarios hasta el Partido Comunista hubo desacuerdo. Pretender instalar como “agenda” decisiones unilaterales sin coherencia política ni doctrinaria, y que no concitan apoyo académico ni político, no constituye una agenda. Quisiera ver esa hoja de ruta.
Mire lo ocurrido con el alcalde de San Bernardo. Se habla de amenazas, pero no fue una amenaza: se descubrió y desbarató un plan para asesinar a una autoridad electa democráticamente. No he visto un antes y un después. No he visto que, tras un hecho inédito y gravísimo como ese, el Gobierno anunciara cambios, conformara fuerzas de tarea o utilizara con decisión las herramientas legales disponibles.
No hacen falta más leyes ni nuevas reformas constitucionales. Eso es algo ampliamente compartido. Siempre se puede perfeccionar, pero hoy la seguridad no depende del Congreso: está en manos del Gobierno y, específicamente, del ministro de Seguridad.
—¿Hay falta de diálogo?
Lo que existe es ausencia de una propuesta consistente en seguridad y falta de voluntad política para implementar políticas o ejercer plenamente las atribuciones legales que hoy poseen las policías y las Fuerzas Armadas. Falta decisión, no diálogo. En el Congreso habrá debate y mejora de proyectos. Insisto: la seguridad de Chile hoy no depende del Congreso Nacional. Existen leyes y Constitución. Con ese marco, el Gobierno puede actuar ya.
—¿Qué medidas permitirían avanzar hacia un pacto en seguridad, una de las mayores prioridades del Gobierno?
Dentro de lo que denominan agenda de seguridad, la mayoría de los puntos se concentran en el orden público. No se enfrenta al crimen organizado. Una verdadera agenda debe ser integral. Las barricadas y las capuchas no representan el principal problema del país. Hay un sesgo hacia acciones de efecto demostrativo. Y, por lo demás, ya existe una ley anticapuchas.
Insistir en una nueva ley anticapucha difícilmente resolverá los problemas de mayor gravedad. Lo urgente es combatir el tráfico y la tenencia ilegal de armas, el narcotráfico y seguir la ruta del dinero. Si se proponen normas que no apuntan al corazón del problema, será complejo lograr consensos. Además, están mal diseñadas técnicamente. En esto, el Gobierno le debe una respuesta al país.
El sinceramiento de Poduje y el regreso de Duco a La Moneda
-El ministro Iván Poduje afirmó que la situación económica “no es culpa del gobierno anterior y, si lo fuera, da lo mismo” porque hay que resolverla. ¿Resultan contradictorias sus palabras considerando que con frecuencia se responsabiliza a la administración previa?
Me quedo con lo que señalan los especialistas. Ayer el Banco Central expuso el informe de política monetaria en el Senado. Con seis meses de Gobierno, es evidente que la situación hoy consolidada guarda relación con políticas implementadas por esta administración.
Modificar la fórmula del MEPCO, no haber apoyado a las personas y permitir un alza sostenida de los combustibles sin medidas de mitigación, por ejemplo en el transporte público en regiones, impacta en la contracción del gasto y en los Imacec negativos por dos trimestres seguidos. Estamos en recesión técnica y culpar al Gobierno anterior carece de sentido.
Coincido con el ministro Poduje en que hoy lo urgente son políticas de reactivación económica y acelerar la inversión pública. Así lo señalan incluso editoriales de la prensa.
Ayer se lo planteé al ministro de Transporte y Obras Públicas en la comisión de presupuesto que presidí: el Estado debe esforzarse para disponer de los recursos que permitan aumentar la inversión pública, generar empleo y dinamizar la economía. Se requiere una política de reactivación inmediata.
—¿Cree que los discursos del Ejecutivo han perdido fuerza ante la ciudadanía por contradicciones y críticas al Gobierno anterior?
El Gobierno llegó cuestionándolo todo, especialmente con la seguridad como bandera. Hubo un “reloj” que marcaba los días para expulsar migrantes, se prometieron cambios drásticos y un país distinto desde el primer día. Luego el presidente dijo que era una metáfora y después habló de hipérbole. Hemos visto ese tipo de mensajes cambiantes. La ciudadanía no quiere discursos, quiere resultados.
La gente esperaba una decisión política clara para intervenir con fuerza en los barrios más complejos, usando el marco legal y constitucional vigente, para buscar armas y perseguir la ruta del dinero. Nada de eso ha ocurrido.
En lo económico, es cierto que incidieron la guerra y el alza de combustibles. Pero, ¿qué hizo el Gobierno ante eso? Nada. Hoy la bencina sube cada semana, el combustible encarece la alimentación, el IPC es elevado y todo golpea a las familias. La mitad de los trabajadores en Chile percibe el sueldo mínimo.
Son esas personas las que hoy lo pasan peor: están sobreendeudadas y no llegan a fin de mes, sin apoyo alguno. Mientras, los primeros tres meses se habló de las grandes empresas y de transformaciones proyectadas para 2032. Entre 2026 y 2032 o 2034 hay muchos años. Se necesita acción estatal ahora.
Además, el Gobierno insiste en achicar el Estado, en que debe haber menos Estado. Eso es contradictorio con lo que la gente requiere. La ciudadanía necesita apoyo estatal en ciertas circunstancias. El Estado está presente en todo Chile, incluida la ruralidad, y ahí es donde más se necesita. Hay que pensar en el Chile real y aplicar políticas para ese Chile real.
—Sobre el regreso de la exministra de Deportes Natalia Duco a La Moneda, pero esta vez como asesora tras su fracaso como ministra de Deporte, usted dijo que era un premio de consuelo. ¿Merecía regresar al Gobierno? ¿Deberían transparentarse los criterios para su reincorporación?
Dije que era un premio porque no logro entender por qué vuelve tras una mala gestión. Su paso por el ministerio se caracterizó por decisiones polémicas y, además, mantuvo un sumario por uso o mal uso de vehículo fiscal.
No me convence el argumento de que sus conocimientos fueran imprescindibles para el segundo piso. Desconozco cuál sería ese aporte insustituible y me parece una señal equivocada.
Veo un doble estándar: el actual presidente critica permanentemente a Gabriel Boric por decisiones de este tipo, pero en nuestro Gobierno no vimos algo semejante.
