El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, reafirmó su postura respecto al cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva aplicada a tres funcionarios de la institución, formalizados por su presunta participación en una red de secuestros en la región Metropolitana.
La formalización de siete imputados comenzó el viernes pasado, ocasión en la que quedaron sujetos a prisión preventiva el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi.
A ellos se sumaron el domingo recién pasado dos civiles y otros dos funcionarios de la PDI: el subcomisario Pablo Gajardo Romo y el agente Sebastián Gajardo Rojas.
Tras imponerse la cautelar más severa para uno de los efectivos, Cerna manifestó el viernes su oposición a que la prisión preventiva se cumpla en recintos de la policía civil.
Ahora, con la cautelar ya impuesta a los tres involucrados, Cerna sostuvo su posición, afirmando que “hechos como los descritos no los vamos a tolerar”.
Cerna sobre funcionarios PDI en prisión preventiva: “No deben estar en cuarteles policiales”
El director general de la PDI explicó: “La Ley Orgánica de la PDI establece (en el) artículo 23, que aquellos funcionarios vinculados a alguna instancia procesal, a consecuencia del ejercicio de sus funciones, pueden cumplir las medidas judiciales en cuarteles PDI”, comenzó.
Al respecto, Cerna agregó: “Pero cuando esto ocurre por hechos no vinculados al servicio, es el director el que debe pedir que se cumplan en los cuarteles. Yo no estoy pidiendo eso. Yo estoy pidiendo que no estén en un cuartel”.
La autoridad policial expresó su desacuerdo con destinar personal, tiempo y recursos “a personas que usaron la institución para delinquir”.
“Y yo lo hice saber es que no quiero que estén en un cuartel. Pero debo respetar las órdenes judiciales y se acatan. El magistrado dijo lo contrario”, subrayó Cerna, remarcando que acatará las instrucciones del Poder Judicial.
Las audiencias de formalización por esta causa continuarán este martes. Por el momento, la Fiscalía ha atribuido delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y tenencia ilegal de armas, y fijó un plazo de 150 días para la investigación.
