Permanece en tabla y a la espera de ser agendada la audiencia respecto de la apelación presentada por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, la cual pretende adelantar la formalización por fraude al Fisco del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en el caso Embotelladora Llacolén, tras la condonación concedida a la mencionada empresa por más de 1.200 millones de pesos en 2020.
La instancia ha sido postergada en cuatro oportunidades, siendo las dos más recientes por la licencia médica del defensor privado del jefe comunal.
En la carpeta investigativa también figuran los exconcejales Ariel Durán, Osvaldo Campos, René Lucero y Francisco Reyes, junto al antiguo jefe jurídico de la corporación edilicia, Cristián Pinto. Todos, imputados por el mismo delito.
Cabe precisar que, de las cuatro reprogramaciones, las dos últimas obedecieron a la licencia médica del abogado Waldo Ortega, defensor penal privado del alcalde Chamorro, quien sufrió un accidente laboral en junio pasado.
En ese marco, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado señalan que “la licencia médica de un abogado o de un imputado, no puede ser suficiente para reprogramar la audiencia”, menos en causas “de alta complejidad”.
Al respecto, el abogado querellante, Georgy Schubert, confía en que durante el proceso judicial se consiga demostrar la “intencionalidad” de los imputados de provocar un perjuicio a las arcas municipales, no solo del alcalde y el director jurídico, sino también de los concejales de entonces.
“No es necesario probar que todos ellos estaban concertados. Lo que sí creemos que podemos probar en esta causa es que todos ellos intencionalmente consintieron un perjuicio de más de 1.200 millones de pesos al municipio de Coronel. Sabían lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era ilegal y dada su calidad de funcionarios públicos, el delito fraude al Fisco. Es obligación de los concejales fiscalizar los actos de la administración municipal. Para nosotros, todos ellos son responsables de este fraude que se ha cometido contra el municipio”, sostuvo Schubert.
Cabe recordar que la audiencia en el citado caso fue reprogramada para el 26 de octubre en el Juzgado de Garantía de Coronel, instancia que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado buscan adelantar.
Esto, además, porque “existen plazos de prescripción (completa o media) del delito” y estos “suspenden con la formalización”.
