Una ciudadana venezolana fue enviada a prisión preventiva tras ser formalizada por los delitos de parricidio frustrado, abandono reiterado, lesiones, maltrato relevante y amenazas, luego de ser acusada de agredir a sus tres hijos en Alto Hospicio, región de Tarapacá.
Los sucesos se registraron la tarde del lunes 7 de septiembre, cuando la imputada presuntamente golpeó a sus hijos: un niño de 10 años y dos niñas mellizas de 3 años. En medio de la agresión, además, habría arrojado un cuchillo contra una de las pequeñas.
De acuerdo con la fiscal de la Unidad de Género, María Alejandra Jorquera, el arma no alcanzó a la niña porque su hermano logró apartarla a tiempo.
Algunos vecinos que alquilaban piezas en el mismo domicilio intentaron intervenir para auxiliar a los menores. No obstante, según la Fiscalía, la mujer les habría proferido amenazas de muerte mientras portaba cuchillos en sus manos, además de causar lesiones a dos de ellos.
Con la llegada de Carabineros, la mujer fue detenida junto a su conviviente, también de nacionalidad venezolana, quien habría amenazado de muerte a los vecinos.
En un inicio, la Fiscalía solicitó ampliar la detención de la imputada para realizar diligencias junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría de Carabineros.
Fiscalía constató agresiones repetidas
Las indagatorias permitieron establecer, según el Ministerio Público, que los sucesos del 7 de septiembre no serían un hecho aislado.
En específico, se determinó que los niños habrían sido agredidos de manera habitual por su madre, además de dejarlos solos por las noches.
Asimismo, la investigación concluyó que los menores no contaban con cuidados básicos en salud, alimentación y vestuario.
Ante la gravedad de los antecedentes, el tribunal accedió a la petición de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de la mujer, considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
En paralelo, el conviviente fue formalizado por el delito de amenazas y quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los niños y a los vecinos.
Los tres niños, por su parte, quedaron bajo medidas de protección decretadas por el Tribunal de Familia.
