La Municipalidad de Concepción fue condenada a cancelar una indemnización de alto monto a una extrabajadora, después de que la justicia considerara que su desvinculación constituyó discriminación por razones políticas. La sentencia descartó la tesis municipal de una reorganización interna y dio por acreditado que la funcionaria, militante del Frente Amplio, fue sustituida por un integrante del partido del alcalde Héctor Muñoz.
La acción judicial la interpuso Camila Jarpa, quien hasta diciembre de 2024 se desempeñó en el Programa de Fomento Productivo de la Municipalidad de Concepción, y fue separada de sus funciones tras la llegada al cargo del jefe comunal, Héctor Muñoz.
El Juzgado del Trabajo inicialmente desechó la acción por despido. No obstante, la Corte de Apelaciones penquista invalidó ese pronunciamiento, al descartar los argumentos del municipio sobre una supuesta reorganización en la unidad de trabajo.
Por unanimidad, los ministros de la Cuarta Sala concluyeron que la no renovación del contrato de la trabajadora fue un acto de discriminación arbitraria por motivos políticos, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en el empleo.
La desvincularon y su cargo lo ocupó un militante del Partido Social Cristiano
El abogado Gabriel Acuña señaló que diversas evidencias acreditaron la discriminación política subyacente al despido, entre ellas el vínculo de su representada con el Frente Amplio, su respaldo al contendor de Héctor Muñoz en los comicios y que su reemplazante fuese un militante del Partido Social Cristiano.
El profesional precisó que la Corte no devolvió la causa a primera instancia para un nuevo juicio, sino que estimó que había antecedentes suficientes para resolver de inmediato y determinó que existía un indicio bastante de discriminación política que la municipalidad debía justificar debidamente.
El municipio recurrirá contra la resolución
De esta forma, la corporación edilicia deberá pagar una indemnización de $17.400.000, decisión que será impugnada mediante un recurso de unificación, adelantó el abogado jefe municipal, Rodrigo Díaz. Aunque dijo que respetan lo resuelto por la corte, no comparten la conclusión, pues “existen dos interpretaciones distintas sobre este caso; estimamos que hay fundamentos para recurrir de unificación ante la Corte Suprema”.
Respecto del dictamen, el concejal Eric Riquelme (FA) sostuvo que este se enmarca tanto en la facultad del alcalde de nombrar asesores de confianza como en el derecho de las personas desvinculadas a acudir a tribunales. A la vez, resaltó que la afectada “era muy buena funcionaria en el cargo que desempeñaba”.
Los argumentos que el municipio penquista llevará ante la Corte Suprema corresponderán a los consignados en la sentencia de la jueza del Trabajo, Stephanie Fernández, que rechazó la demanda laboral de Camila Jarpa.
