En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, región de Los Lagos, por primera vez se examinó una petición de desafuero contra un senador de la República, correspondiente al requerimiento presentado por la Fiscalía Regional de Aysén contra el senador Miguel Ángel Calisto, a quien se le imputan delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones por hechos ocurridos entre 2018 y 2022.
La revisión se efectuó en la región de Los Lagos debido a que los ministros de la Corte de Coyhaique se declararon inhabilitados, pues ya habían desaforado a Calisto por los mismos hechos cuando era diputado, en 2025.
Los antecedentes apuntan a la supuesta contratación “fantasma” de Carla Graff, esposa del ex hombre de confianza de Calisto, Roland Cárcamos, ambos coimputados.
Según la acusación del Ministerio Público, ella habría recibido remuneraciones con cargo al Poder Legislativo, pero no existen registros de que efectivamente haya desempeñado las funciones.
El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, viajó hasta Puerto Montt para sustentar la solicitud de desafuero.
“Estamos hablando, en definitiva, del análisis de diversas cuentas corrientes, informes y declaraciones que permiten afirmar con contundencia la gravedad de los antecedentes. Por lo mismo, hemos pedido a la ilustrísima Corte de Apelaciones que se pronuncie para por fin continuar y avanzar en un proceso penal como cualquier chileno o chilena, dejando claro que el desafuero no implica una situación de impunidad”, señaló Campos.
Por su parte, el abogado defensor del senador aysenino, José Gómez, sostuvo que no existen antecedentes siquiera para solicitar su desafuero, y criticó además la declaración de Cárcamo que incriminó a su representado.
“Nosotros estimamos que, con los antecedentes disponibles, ni siquiera correspondería su desafuero, porque todas las imputaciones se desmoronan por el propio peso de la investigación. Ese cambio de versión tan drástico, de 180 grados, se da cuando esta persona estaba en prisión preventiva y, al día siguiente de prestar declaración, recupera la libertad, lo que a nuestro juicio es evidentemente sospechoso”, afirmó Gómez.
Cabe recordar que Calisto además es investigado en otra causa, el denominado caso Junaeb, una indagatoria penal por una eventual red de corrupción vinculada a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar, con presuntos sobornos para beneficiar a una empresa.
