La Contraloría General de la República (CGR) ratificó que abrirá un sumario en la Municipalidad de Arica por posibles irregularidades en el uso de un vehículo fiscal por parte del chofer del alcalde, luego de que este lo destinara a fines particulares y, más tarde, protagonizara una colisión conduciendo bajo los efectos del alcohol.
De acuerdo con el ente fiscalizador, los hechos se remontan al 14 de mayo de 2026, cuando, tras asistir a una actividad oficial, el funcionario habría empleado el automóvil municipal para propósitos presuntamente ajenos a los institucionales.
Según el Informe de Investigación Especial N.° 460 de 2026, revisado por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, se verificó que ese día el funcionario, “hallándose responsable de la conducción y custodia del vehículo municipal placa patente JFTV46 y, luego de una actividad municipal, lo destinó a fines no institucionales al interrumpir su trayecto hacia su resguardo por motivos personales, instancia en la que consumió alcohol“.
Más tarde, de acuerdo con el documento, el conductor se vio involucrado en una colisión con otro vehículo en calle Barros Luco de Arica, siendo retenido por testigos del hecho. Además, según los antecedentes recabados por el órgano de control, el alcotest aplicado al chofer habría arrojado 1,44 g/l de alcohol en la sangre.
Contraloría cuestiona el procedimiento posterior al accidente
La CGR también advirtió que, una vez concluido el procedimiento policial, personal de Carabineros habría trasladado el vehículo hasta dependencias de la Tercera Comisaría de Arica, acción que, según el informe, no se ajustaría a los protocolos institucionales vigentes.
Por tal motivo, la Prefectura de Carabineros Arica N.° 1 instruyó una investigación administrativa, cuyos resultados deberán reportarse a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.
Junto con ello, el ente contralor detectó eventuales falencias en el resguardo y control del móvil tras el siniestro. En específico, la Municipalidad de Arica no habría acreditado con documentos su retiro, traslado y custodia, ni quién recibió las llaves, quién retiró el automóvil desde dependencias policiales o bajo qué autorización pudo volver a ser conducido.
Asimismo, según la CGR, el municipio no habría entregado antecedentes técnicos ni administrativos sobre los daños que pudo haber sufrido el vehículo.
Y, de acuerdo con la investigación, las reparaciones habrían sido costeadas por el propio funcionario involucrado, pese a que correspondía al municipio verificar los daños, autorizar formalmente los trabajos y conservar la documentación de respaldo, para asegurar la trazabilidad de las actuaciones y resguardar el patrimonio municipal.
Protocolo de seguridad
Finalmente, otro de los hallazgos indica que el municipio de Arica mantendría vigente el “Protocolo de Operación Departamento de Seguridad y Operaciones V4.0”, sin contar con un acto administrativo que lo aprobara formalmente.
Además, este no incluiría los antecedentes mínimos que deben informarse ante accidentes de tránsito o situaciones de conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.
Por ello, según la Contraloría, el municipio deberá formalizar el protocolo e incorporar procedimientos específicos para reportar y registrar accidentes de tránsito, casos de conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, hechos relevantes para la comunicación institucional, los mecanismos para el envío de esa información y las responsabilidades asociadas a su elaboración, revisión, supervisión y seguimiento.
Asimismo, y sin perjuicio de que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por los hechos indagados, la CGR señaló que remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
