La Contraloría solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Civil remitir los antecedentes académicos y laborales de la activista venezolana Lucy Depablos Chacón, contratada en calidad de experta en la repartición dependiente del Ministerio de Hacienda.
La funcionaria trabaja bajo la modalidad a contrata como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Civil, percibiendo hasta $5,6 millones brutos, incluyendo bonificaciones. Más allá de la renta, las interrogantes apuntan a si cuenta o no con el título de periodista.
Precisamente por ese punto, la Contraloría ofició al Servicio Civil para obtener más antecedentes de la contratación, de acuerdo con lo publicado por Contrapoder. En el texto, al que también accedió BioBioChile, se indica que desde el 23 de abril de 2026, Depablos fue incorporada para cumplir funciones de asesoría de alta calificación.
Sin embargo, el organismo contralor aclaró que “la contratación de expertos exige que la persona en cuestión cuente con conocimientos, experiencia o habilidades especiales que la hagan merecedora de tal calidad, debidamente respaldadas con antecedentes objetivos”.
Oficio para recabar antecedentes académicos y laborales de la activista venezolana
Por ello, ofició al Servicio Civil para que informe “detalladamente las razones consideradas para calificar a la señora Depablos Chacón como experta; en particular, resulta necesario que remita los antecedentes curriculares, académicos, profesionales y la experiencia laboral considerados para adoptar dicha decisión”.
Asimismo, la entidad debe explicar cómo se determinó que la funcionaria “posee conocimientos especializados o experiencia relevante para el desempeño de las funciones encomendadas, así como la relación existente entre tales antecedentes y las labores de asesoría altamente calificadas descritas en el acto administrativo respectivo”.
También tendrá que precisar si al momento de definir la contratación “se elaboró algún informe técnico, evaluación de antecedentes o documento fundante que analizara el cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de contrataciones”.
Finalmente, el organismo otorgó 10 días hábiles al Servicio Civil para remitir el informe solicitado.
Cabe señalar que, tras la controversia, la activista venezolana eliminó todas sus redes sociales.
Revisa el oficio a continuación:
