Por tercera ocasión, el Tribunal Oral de Chillán, en la región de Ñuble, volvió a postergar el juicio contra un acusado por la caza ilegal de dos loros choroy, quien podría enfrentar más de 5 años de prisión si resulta culpable.
Uno de los denunciantes del caso, testigo en la causa, criticó la demora del proceso iniciado en septiembre de 2020.
El juicio contra Juan Sepúlveda Vásquez estaba fijado para este 16 de septiembre, luego de dos suspensiones previas; el 28 de mayo y el 11 de diciembre de 2025. En ambas oportunidades, el Tribunal Oral de Chillán reprogramó por atender causas de mayor prioridad.
En esta ocasión habría sido la defensa del acusado quien, por motivos de fuerza mayor, solicitó un nuevo cambio de fecha, quedando programado para el 22 de julio de 2027.
Gary Parra, activista por los animales, cuestionó la lentitud del sistema, acusando a los tribunales de restar importancia a estas investigaciones.
“Existe un profundo malestar entre el movimiento animalista y todos quienes apoyaron esta querella contra este cazador furtivo de la comuna de Coihueco. Considerando que este individuo representa un peligro para la sociedad, el Poder Judicial en Chillán todavía no ha resuelto nada. Esto también demuestra el desdén del Poder Judicial hacia las causas vinculadas a nuestro patrimonio natural”, afirmó Parra.
Fue el 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en Coihueco, cuando Carabineros detuvo en flagrancia a Juan Sepúlveda. Con una escopeta, el sujeto dio muerte a dos loros choroy.
En esa línea, la investigación se abrió a partir de la querella que Parra tramitó con la Fundación Apla.
La Fiscalía formalizó al imputado por dos delitos distintos, uno conforme a la Ley de Caza y otro según la Ley de Armas, como explicó el abogado Daniel Manríquez, especialista en la llamada Ley Cholito.
“El acusado empleó una escopeta artesanal para matar a dos ejemplares de loro choroy, y la Fiscalía calificó jurídicamente estos hechos como una infracción del artículo 30 letra A de la Ley de Caza y del artículo 13 sobre tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas”, precisó Manríquez.
El Ministerio Público solicita 60 días de cárcel por la caza ilegal y 5 años por el porte de un arma prohibida.
Asimismo, el abogado Manríquez se refirió a la dificultad de juicios que se llevan a cabo mucho tiempo después de cometidos los delitos.
“Los testigos que intervendrán en este juicio deberán declarar sobre hechos ocurridos hace seis años. Por lo tanto, usted sabe que la memoria, con el tiempo, también modifica la forma en que apreciamos las cosas”, aseveró.
Al posponer este juicio, el Tribunal Oral de Chillán remarcó que el acusado no está privado de libertad, ya que sólo pesa sobre él la cautelar de arraigo nacional.
