Este miércoles se informó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella penal contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por su presunta participación en los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. La acción penal también se dirige a personas involucradas en el Caso Audios.
La querella fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y está dirigida, además, contra los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, además del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.
El CDE les atribuye participación, en calidad de autores, en el delito de soborno, sin perjuicio de otros eventuales ilícitos que puedan establecerse en la investigación del Ministerio Público en el marco del Caso Audios.
En este contexto, la acción penal alude a antecedentes de la investigación que darían cuenta de una red de vínculos personales entre Hermosilla, Vargas y Donoso, quienes habrían efectuado gestiones para favorecer el nombramiento de Ulloa como ministro, así como la designación de terceros en cargos del Poder Judicial.
La querella: favores y pagos
La presentación detalla diversas actuaciones orientadas a entregar beneficios al exministro.
De acuerdo con el CDE, los abogados habrían ofrecido o aceptado otorgar beneficios con el fin de que, una vez que Ulloa asumiera el cargo, fallara distintas causas en beneficio de sus intereses.
Asimismo, se le imputa la entrega de información reservada que habría obtenido en el ejercicio de su función, entre ellas antecedentes de acuerdos, votaciones y asuntos disciplinarios de tribunales superiores, antes de que fueran públicos.
La acción judicial también describe cómo Yaber habría transferido periódicamente a Ulloa cerca de $74,3 millones entre febrero de 2019 y abril de 2025, periodo en que el exministro habría intervenido a su favor en un proceso para proveer el cargo de conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.
El Consejo de Defensa del Estado sostiene que estos hechos revisten especial gravedad, pues impactan el Estado de Derecho y principios fundamentales como la igualdad ante la ley.
