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Los llamados a la violencia, el hurto y las agresiones a policías mantienen preso a Llaitul

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Escrito por:Alberto González

Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), está encarcelado desde 2022 y en la actualidad cumple una condena de 23 años de prisión efectiva, luego de que la justicia determinara su responsabilidad en varios hechos ocurridos entre 2020 y 2022.

Su situación volvió a estar en agenda este miércoles, después de que se informara que el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas le entregó una medalla de la Asamblea Nacional de Francia, distinción que fue recibida en París por su hijo, Ernesto Llaitul. Según explicó el legislador francés, el reconocimiento buscó poner en relieve la situación y las reivindicaciones del pueblo mapuche. Durante la ceremonia, el hijo del líder de la CAM afirmó que su padre es objeto de persecución política y defendió demandas como la recuperación territorial y la autonomía.

No obstante, la condena que hoy cumple Llaitul responde a cinco delitos establecidos judicialmente, que incluyen desde declaraciones públicas y llamados contra empresas forestales hasta la toma de predios, el hurto de madera y un hecho armado en el que dos carabineros resultaron heridos.

Los llamados contra las empresas forestales

El primer episodio se remonta al 8 de enero de 2020, cuando Llaitul dio declaraciones fuera del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, luego de conocerse una condena contra Daniel Canio Tralcal.

En esa ocasión, el líder de la CAM instó a las comunidades a mantenerse activas en la confrontación con las empresas forestales. El tribunal concluyó que esas expresiones constituían un llamado a ejecutar acciones violentas contra instalaciones vinculadas a ese rubro.

Un segundo hecho ocurrió el 24 de junio de ese mismo año, durante una entrevista con Radio Universidad de Chile. Allí, Llaitul se refirió a las acciones llevadas a cabo por la CAM y sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT), además de señalar que estaban listos para un eventual enfrentamiento armado.

La justicia estimó que esas expresiones promovían y legitimaban el uso de la violencia como medio para alcanzar fines políticos y territoriales. Ambos episodios fueron perseguidos conforme a la Ley de Seguridad del Estado.

La ocupación de un fundo y el enfrentamiento con Carabineros

El tercer hecho tuvo lugar el 10 de febrero de 2021 y, a diferencia de los anteriores, estuvo asociado a una acción realizada en terreno.

De acuerdo con lo resuelto por la justicia, Llaitul participó ese día en la ocupación de un predio ubicado en la comuna de Victoria. El Ministerio Público acreditó su intervención mediante conversaciones telefónicas, registros de localización de su teléfono y testimonios rendidos en el juicio.

Durante el procedimiento de desalojo se produjo, además, un enfrentamiento con armas de fuego con Carabineros. Por la toma del terreno, a Llaitul se le atribuyó el delito de usurpación violenta.

Hurto de madera y dos carabineros heridos

El cuarto episodio se registró en marzo de 2021, en el fundo Renaco Pastales, situado en Cholchol y perteneciente a la empresa Bosques Cautín.

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El tribunal determinó que integrantes de la CAM, bajo la coordinación de Llaitul, ingresaron al predio y participaron en la extracción de madera. El daño económico se calculó en $425 millones.

En el mismo contexto se produjo un ataque con armas de fuego en el que dos carabineros quedaron lesionados por disparos.

Este hecho dio lugar a condenas por ocupación violenta del predio, hurto de madera y atentado contra la autoridad. Además, fue uno de los sucesos que concentró una parte relevante de las penas de prisión impuestas al líder de la CAM.

Las declaraciones de 2022

El quinto hecho corresponde a una serie de entrevistas publicadas en julio de 2022 por el medio Chile Today News.

En esas apariciones, Llaitul expuso públicamente la estrategia de la CAM, reivindicó la resistencia armada y justificó acciones de sabotaje contra maquinaria y bienes asociados a grandes empresas.

El tribunal concluyó que estas expresiones promovían o justificaban el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos, económicos o sociales. Por ello, al igual que sus dichos de 2020, se consideraron infracciones a la Ley de Seguridad del Estado.

Cómo se componen los 23 años

Finalmente, el 7 de mayo de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco fijó las sanciones: 15 años de prisión por delitos contra el orden público previstos en la Ley de Seguridad del Estado, cinco años por el hurto de madera y tres años por atentado contra la autoridad.

A ello se añadieron multas de 11 UTM por el hurto y de 15 UTM por las ocupaciones violentas de los predios.