La Moneda sufrió otro traspié judicial luego de dos sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago que instruyeron al Ministerio de Energía y al de Deporte a reincorporar a dos funcionarios despedidos en marzo. En uno de los expedientes, el afectado es, además, un trabajador con discapacidad.
Estos despidos se agregan al de la jefa del Departamento de Repostería Presidencial y Casino General de la Presidencia, quien recientemente obtuvo que ese mismo tribunal dispusiera su retorno, tras ser removida por “falta de confianza” y criterios de austeridad fiscal.
De acuerdo con lo informado por The Clinic, el Gobierno no solo deberá reincorporar a los funcionarios afectados, sino también pagar las remuneraciones y cotizaciones del periodo en que estuvieron fuera de sus trabajos.
Deportes desvinculó a un funcionario con discapacidad
El 11 de septiembre se sumó una nueva polémica para el Ministerio del Deporte, cuando se le ordenó reincorporar a un funcionario despedido cuando la cartera era encabezada por la ahora exministra Natalia Duco, quien actualmente se desempeña como funcionaria del Segundo Piso de La Moneda.
El caso se remonta al 24 de marzo, cuando fue desvinculado el administrador público Nicolás Gutiérrez, que ejercía como analista de planificación y control de gestión.
El funcionario se incorporó al ministerio el 1 de octubre tras adjudicarse un concurso público, bajo la modalidad de contrata.
Además, el trabajador posee una discapacidad física leve, equivalente a un 19% de movilidad reducida.
En diciembre pasado, durante la administración del expresidente Gabriel Boric, su contrato fue renovado por lo que restaba de 2026. No obstante, con el cambio de administración, esa renovación se interrumpió y se resolvió el cese anticipado de sus funciones.
La medida fue justificada en la austeridad fiscal mandatada por Hacienda, argumento similar al utilizado en el caso de la jefa de Repostería Presidencial.
Tras la presentación de un recurso de protección por parte de Gutiérrez, la Corte de Apelaciones desestimó los argumentos expuestos por la autoridad y acogió su acción judicial.
El tribunal determinó que no existían antecedentes suficientes que justificaran la reestructuración interna invocada por la cartera y que tampoco se logró acreditar criterios objetivos —como antigüedad o desempeño— para sustentar la desvinculación.
En consecuencia, anuló el despido y dispuso su restitución, además del pago de las remuneraciones y cotizaciones desde que fue apartado del ministerio.
El episodio en Energía: “sus servicios ya no eran necesarios”
En el caso de Energía, encabezado por la ministra Ximena Rincón, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el 10 de septiembre reincorporar a la ingeniera civil industrial Catalina Bravo, quien se desempeñaba desde diciembre de 2025 en la Unidad de Sectores Productivos.
Ella había ingresado a la repartición luego de adjudicarse un concurso público para el cargo de analista de iniciativas energéticas, bajo la modalidad de contrata.
En este contexto, el 30 de marzo de 2026 fue desvinculada, pese a que una semana antes de que el presidente José Antonio Kast asumiera el cargo había recibido una renovación de contrato para continuar, al menos, durante el resto del año. La funcionaria impugnó la medida y presentó un recurso de protección para revertir su salida.
Desde el ministerio argumentaron que la desvinculación respondía al cambio de autoridades y a un “nuevo enfoque de gestión”, agregando que sus servicios “ya no eran necesarios”, sin entregar mayores antecedentes.
Finalmente, se acogió su recurso y ordenó su reincorporación inmediata. Además, dispuso el pago de las remuneraciones y cotizaciones devengadas desde el 1 de abril y hasta su reintegro efectivo.
Para el tribunal, la rotación de autoridades políticas no justifica desvinculaciones en cargos de mérito a los que se accede por concurso público.
Asimismo, la Corte estableció que el Gobierno o el Estado puede implementar planes de austeridad, pero que ello no exime a la autoridad de justificar las desvinculaciones con antecedentes claros y suficientes.
Con estos dos casos, ya son tres las resoluciones judiciales conocidas que han ordenado reincorporaciones de funcionarios desvinculados durante los primeros meses del gobierno de Kast.
