El nombre del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, volvió a acaparar atención, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresara una querella criminal en su contra por los delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos, en el contexto del Caso Audios.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, señaló que el caso quedó radicado en la Fiscalía Regional de Valparaíso y que la querella del CDE será parte de los antecedentes que evaluará la fiscal a cargo, quien definirá las diligencias pertinentes.
La presentación del CDE no supone que los delitos estén comprobados, pues corresponderá al Ministerio Público indagar los hechos y determinar su eventual calificación jurídica.
Chadwick bajo la lupa
En paralelo, otro nombre cobró relevancia en la arista Parque Capital, derivada del Caso Audios.
Se trata del exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, cuya indagatoria fue separada de la que ya cuenta con una acusación presentada. Esto, con el fin de impedir una “decisión de no perseverar” por parte del Ministerio Público.
El fiscal Valencia precisó que escindir a imputados respecto de los cuales aún no se ha formalizado investigación es una decisión procesal habitual y que, por ahora, no permite extraer conclusiones en uno u otro sentido respecto de Chadwick.
Sobre la eventual configuración del delito de tráfico de influencias, el abogado de la Universidad de Talca, Nicolás Manríquez, indicó que se requiere que el autor sea funcionario público y que se valga de esa condición para influir sobre otro funcionario.
“Pero la influencia no es cualquier sugerencia o recomendación o conexión que pueda favorecer entre una o más personas. Este primer funcionario debe valerse de su condición de funcionario en relación con el segundo funcionario”, sostuvo.
Así, las dos investigaciones vinculadas al Caso Audios continúan abiertas y será el Ministerio Público quien deba definir el alcance de los antecedentes reunidos y si estos permiten establecer eventuales responsabilidades penales.
