A falta de 12 días para que venza la urgencia simple, la reforma constitucional de Seguridad impulsada por el Ejecutivo continúa sin los votos imprescindibles en el Senado.
La propuesta integra la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y establece un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública orientado a enfrentar amenazas severas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo.
Ese aspecto es el foco del conflicto, ya que el esquema inicial facultaba al presidente para imponerla por 120 días y prorrogarla otros 120 sin el visto bueno previo del Congreso. En ese lapso podrían limitarse libertades como la de desplazamiento y reunión. Tras verificar que no se alcanzaban los 29 sufragios requeridos en la Cámara Alta, el Gobierno bajó la calificación de urgencia de suma a simple.
En el TeDeum, el titular de Seguridad, Martín Arrau, señaló que ha mantenido encuentros con legisladores para abordar la agenda ACOT y procurar consensos que faciliten destrabar su tramitación.
El senador socialista Gastón Saavedra, miembro de la Comisión de Defensa y del comité encargado de examinar la iniciativa, reprochó que el Ejecutivo haya frenado el avance sin conseguir aún un entendimiento político.
Más tajante fue el diputado FRVS Jaime Mulet, que el 31 de agosto ingresó, junto a otros legisladores, el proyecto de resolución 218, mediante el cual solicita al presidente retirar esta reforma constitucional y dar prioridad a otras medidas de seguridad que ya se encuentran en trámite parlamentario.
Aunque esa reforma permanece estancada, otras iniciativas de la agenda sí progresaron. El Congreso aprobó y envió a ley la iniciativa que extiende de 12 a 24 horas el periodo de flagrancia para actuaciones policiales y hasta 48 horas cuando participa la Policía Marítima.
Asimismo, permanece en trámite el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en Comisión Mixta para zanjear discrepancias entre las dos cámaras. En paralelo, sigue la deliberación de la iniciativa que pretende ampliar hasta 180 días la retención de extranjeros con orden de expulsión.
De este modo, el Gobierno enfrenta los últimos días de la urgencia simple con una agenda que progresa a ritmos dispares: aunque algunas medidas ya fueron despachadas, la reforma constitucional continúa supeditada a un entendimiento político que aún no se concreta.
