La PDI y la Fiscalía de Viña del Mar continúan realizando diligencias para ubicar a la banquetera Natalia Álvarez Murillo, quien permanece sin ser localizada desde que recuperó la libertad tras cancelar una caución de $5 millones, en el marco de una causa en la que se le imputan estafas reiteradas.
De acuerdo con lo señalado por La Tercera, la investigación apunta a diversos servicios contratados, principalmente para matrimonios, que finalmente no se habrían concretado. El Ministerio Público calcula un perjuicio de alrededor de $120 millones y un total de 60 víctimas afectadas.
La imputada, dueña de Probarte Banquetería SpA, fue formalizada en junio junto a su pareja, José Galarce. En esa audiencia, tanto la Fiscalía como los querellantes solicitaron su prisión preventiva.
Un documento del Poder Judicial, al que accedió Radio Bío Bío, permite reconstruir lo ocurrido en los días posteriores y la disputa judicial que terminó escalando hasta la Corte Suprema.
La caución de $5 millones
Según los antecedentes del expediente, el 9 de junio el Juzgado de Garantía de Viña del Mar impuso la prisión preventiva de Álvarez por peligro de fuga, pero fijó una caución de $5 millones que le habilitaba a salir en libertad.
La defensa consignó el monto en la cuenta del tribunal y, una vez verificado el pago, se cursó la contraorden correspondiente.
El 10 de junio, la Fiscalía recurrió contra dicha decisión y, al día siguiente, se sumó la parte querellante. Los recursos fueron vistos por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El 12 de junio, el tribunal de alzada revocó parcialmente lo resuelto. Considerando la multiplicidad de delitos, las penas asociadas y la eventual sanción, dispuso mantener la prisión preventiva, pero ahora bajo la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, lo que en la práctica suprimió la opción de libertad mediante caución.
Para ese momento, no obstante, Álvarez ya había abandonado el penal. Según informó La Tercera, desde entonces no ha sido ubicada y existe una orden de detención vigente. Fuentes citadas por ese medio indican que una de las hipótesis apunta a que podría estar en la región de Atacama.
La defensa llevó el caso de la banquetera de Viña del Mar a la Corte Suprema
La defensa de Álvarez intentó revertir la decisión a través de un recurso de amparo. Sostuvo que la Corte de Valparaíso no justificó de manera suficiente el cambio de causal y cuestionó la falta de fundamentos sobre por qué la caución de $5 millones se consideraba insuficiente.
En específico, solicitó anular la resolución y volver al escenario anterior: prisión preventiva por peligro de fuga, manteniendo la posibilidad de caución.
La propia Corte de Valparaíso se declaró incompetente para conocer el amparo, dado que se impugnaba una resolución dictada por otra sala del mismo tribunal. Por ello, remitió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de La Serena.
El amparo fue finalmente rechazado y la controversia llegó a la Corte Suprema. El 20 de julio, el máximo tribunal confirmó lo resuelto por la Corte de La Serena, indicando que el amparo no era la vía idónea para impugnar decisiones de un tribunal de igual jerarquía al que debía conocerlo.
Pese a ello, la determinación no fue unánime. Los ministros Manuel Antonio Valderrama y Jorge Luis Zepeda se inclinaron por acoger el recurso, al estimar que la resolución que modificó la causal de la prisión preventiva careció de fundamentación suficiente, especialmente considerando que descartó la alternativa de caución.
La PDI sigue el rastro de Álvarez
Mientras se tramitaba la controversia judicial, la PDI inició gestiones para dar con el paradero de la imputada.
De acuerdo con La Tercera, dichas actuaciones quedaron reflejadas en otro recurso presentado por Julia Murillo, madre de Álvarez, quien denunció procedimientos policiales en su domicilio de Casablanca.
Según su relato, detectives acudieron a su casa en julio para preguntar por su hija y luego se practicaron nuevas diligencias, entre ellas la revisión de su vehículo. También denunció seguimientos y cuestionó acciones policiales que, afirmó, involucraron a sus nietos menores.
Ante esa presentación, la Corte de Apelaciones de Valparaíso pidió informes a la PDI y al Ministerio Público.
La policía civil, sin embargo, negó irregularidades y afirmó que todo se realizó dentro del marco legal de la investigación. El fiscal Leonel González, por su parte, detalló que el ingreso al hogar se efectuó en cumplimiento de una orden judicial de detención y respaldó las diligencias efectuadas para ubicar a Álvarez.
La pareja de la banquetera de Viña del Mar ya fue condenada
Aunque la principal acusada aún no ha sido encontrada, la indagatoria ha avanzado respecto de otros partícipes.
Según consignó el matutino, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó recientemente condena contra José Galarce, pareja de Álvarez, tras acogerse a un procedimiento abreviado y colaborar con la investigación.
A Galarce se le impuso una pena de 300 días de presidio, sustituida por libertad vigilada bajo control de Gendarmería, además de una multa de 5 UTM.
De este modo, mientras una arista del caso ya registra su primera sentencia, las labores de la Fiscalía y la PDI se concentran en hallar a Natalia Álvarez y ejecutar la orden que dispone su retorno a la prisión preventiva, esta vez sin la opción de recuperar la libertad por medio de la caución que pagó antes de desaparecer.
