Las estaciones de servicio en Bolivia abrieron este sábado 19 de septiembre con una noticia compleja para los usuarios: tal como adelantó en la víspera el presidente Rodrigo Paz, se suprimieron por completo las subvenciones al diésel, elevando los valores a la paridad internacional.
Esto implica que el precio del diésel subió de 9,80 bolivianos (US$1) a 17,95 bolivianos (US$1,83), un ajuste que afecta exclusivamente a los “grandes consumidores”, ya que las ayudas habían sido retiradas para el resto de los usuarios desde el 17 de agosto.
Bolivia pone fin al subsidio al diésel
La disposición, que generó casi dos meses de protestas y cortes de ruta entre mayo y junio antes de la declaración de un estado de excepción, fue comunicada el viernes por Paz, quien afirmó en un mensaje grabado transmitido por la televisión nacional que “no podemos comprar caro para vender barato y que unos cuantos se lo roben”.
De acuerdo con el mandatario conservador, los fondos de Bolivia “ya no serán usados para esta subvención”, sino que se destinarán a construir infraestructura pública como escuelas, hospitales y carreteras.
— Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 19, 2026
Al mismo tiempo, anunció acciones para amortiguar el efecto económico del fin de los subsidios. Indicó que 2,9 millones de personas recibirán un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) y que el Gobierno colocará 800 millones de bolivianos (unos 81,6 millones de dólares) en créditos con condiciones favorables para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y pequeños comerciantes.
Esa línea también alcanzará al sector productivo, con una tasa anual cercana al 6%.
Paz anunció, además, el aumento del bono escolar, que subirá de 200 bolivianos (US$20,4) a 300 bolivianos (US$30,1), así como mayores facilidades para que las familias accedan a créditos de vivienda social, y comprometió respaldo del Ejecutivo a los Gobiernos regionales para “readecuar sus finanzas”.
Asimismo, adelantó que se eliminará el impuesto a bienes de importación “destinados a actividades productivas como insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales”, junto con otras iniciativas.
“Con esta decisión garantizamos el abastecimiento permanente del diésel para todos 24 horas, 7 días a la semana, garantizando el combustible”, subrayó Paz, quien sostiene que la política de subsidios de sus predecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) contribuyó al agotamiento de las reservas del país y profundizó la crisis de escasez de combustible que Bolivia arrastra desde hace cerca de dos años.
Un préstamo del FMI anticipa más recortes de subsidios
Si bien el anuncio del viernes no alcanza a los subsidios a la gasolina ni a otros combustibles, se prevé que esas ayudas estatales también desaparezcan en 2027, como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno de Bolivia para optar a financiamiento de entidades internacionales.
Precisamente, el mismo 18 de septiembre, el Congreso boliviano aprobó un programa de crédito de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que insta al gobierno a suprimir todas las subvenciones a los hidrocarburos a partir de enero del próximo año.
Así, el Senado ratificó el viernes (tras el visto bueno de Diputados el día anterior) lo pactado por el Ejecutivo y un equipo técnico del organismo multilateral en julio: un financiamiento a 36 meses para apuntalar las reformas económicas impulsadas por Paz.
Ese entendimiento debe ser refrendado por el directorio del FMI el próximo 2 de octubre y, una vez ocurrido, el organismo desembolsará una primera cuota de US$250 millones, de acuerdo con lo explicado por el viceministro del Tesoro boliviano, Oscar Navarro.
El Ejecutivo boliviano igualmente confía en que el acuerdo facilite nuevos créditos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros multilaterales por alrededor de US$5.000 millones.
Para obtener el nuevo crédito del FMI, Bolivia asumió el compromiso de suprimir por completo todos los subsidios a los combustibles, reducir el déficit fiscal, recortar el gasto corriente y asegurar un tipo de cambio flexible.
Paz celebró en X la aprobación legislativa: “Estos recursos no pertenecen a una sola gestión; están orientados a blindar las reservas, estabilizar la economía y abrir oportunidades reales de inversión”.
Un estado de excepción extendido ante eventuales protestas
El retiro de los subsidios al diésel generó el rechazo de sindicatos de choferes y de productores agrícolas, grandes consumidores de combustibles, que amenazan con retomar las movilizaciones si no son escuchados.
Este 19 de septiembre, el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Victor Tarqui, declaró en “estado de emergencia” al sector del “autotransporte” en todo el país y advirtió con iniciar bloqueos y medidas de presión “duras” si el Ejecutivo no se “retracta” del fin de los subsidios al diésel.
“Es un atentado no solo a la economía de los transportistas, sino también a la de la población y los usuarios. Por ello, que revisen esa postura antes de que se adopten decisiones totalmente contundentes”, señaló Tarqui en conferencia de prensa.
Previendo un escenario de conflictividad social, el Parlamento boliviano aprobó el jueves la prórroga por 90 días del estado de excepción, declarado a fines de junio y que otorga al Gobierno facultades extraordinarias, como la movilización de militares para desactivar focos de protesta.
La medida, vigente desde el 20 de junio, permitió el despliegue de contingentes policiales y militares que despejaron más de un centenar de bloqueos que, durante 53 días entre mayo y junio, sostuvieron la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo al ajuste económico del Ejecutivo y, en términos más amplios, pidiendo la renuncia de Paz.
Aquel conflicto derivó en desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica.
En la mañana del sábado, según reportes de medios locales, más de 500 policías fueron desplegados en la ruta que conecta Cochabamba, Oruro y La Paz, así como en la zona de Sayari, como medida preventiva para asegurar el tránsito y evitar eventuales cortes.
