En total, 485 funcionarios de la Administración Central permanecen bajo suspensión preventiva en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, todos ellos continuando con el pago de sus remuneraciones. Esto, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 de la Contraloría General de la República (CGR).
La revisión dejó fuera a las municipalidades y se centró en la extensión de las suspensiones. Trece funcionarios acumulaban más de cuatro años separados de sus funciones y otros 17 llevaban entre tres y cuatro años en esa misma situación. En suma, 30 casos superaban los tres años.
El caso más prolongado detectado por la Contraloría corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, suspendido por un lapso estimado de cuatro años y siete meses. A continuación aparecen situaciones del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
El Estatuto Administrativo contempla la suspensión preventiva durante una indagación disciplinaria. No obstante, cuando el sumario se prolonga, la autoridad que lo instruyó debe verificar su avance, adoptar acciones para agilizar la tramitación y considerar posibles responsabilidades por las demoras.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría resolvió que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años dejarán de ser gestionados por los servicios u organismos de origen. La CGR continuará esos procedimientos y procurará definir si hay responsabilidades de las autoridades que ordenaron las investigaciones y no supervisaron oportunamente su desarrollo.
Las entidades que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año deberán comunicar, en 15 días hábiles, el cierre de los sumarios, justificar debidamente la continuidad de la medida o informar acciones concretas para acelerar su conclusión. Asimismo, tendrán que iniciar procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades por las demoras observadas.
Algunos desempeñaron otras labores, otros estuvieron en prisión
El CIC también consignó que 22 funcionarios suspendidos realizaron otras actividades remuneradas en ese periodo, de acuerdo con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos.
Del mismo modo, dos personas suspendidas cumplían una medida cautelar de prisión preventiva y, en otro caso, el fiscal que decretó la suspensión se encontraba en la misma situación.
El informe detectó, además, 20 funcionarios suspendidos cuyos sumarios estaban en manos de un fiscal que ya no trabajaba en el servicio respectivo. Igualmente, halló decenas de situaciones en que funcionarios suspendidos viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego durante ese lapso.
Conforme a los antecedentes recabados, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones solamente por los diez casos con períodos de suspensión más extensos.
Como parte de las acciones posteriores a la revisión, la Contraloría dictó el Instructivo N°29, del 16 de septiembre de 2026. El texto recuerda que la suspensión preventiva, por regla general, no conlleva pérdida de remuneraciones y debe sostenerse solo mientras resulte imprescindible para asegurar el éxito de la investigación.
La CGR enfatizó que la etapa investigativa de un sumario no debiera exceder los 60 días hábiles establecidos en la normativa. Además, instruyó a los fiscales a revisar periódicamente la necesidad de mantener la suspensión y levantarla cuando ya no exista riesgo para la indagación.
El organismo advirtió que extender la medida más allá de plazos razonables puede ser arbitrario, afectar los principios de eficiencia y celeridad administrativa y acarrear responsabilidades para quienes intervienen en su tramitación. En adelante, las resoluciones que impongan o dejen sin efecto una suspensión preventiva deberán ser reportadas al Sistema de Acciones Derivadas, SIAD, para monitorear su duración y activar alertas de control.
