El magistrado Juan Carlos Peinado dictó un auto por el que acordó la apertura de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por supuestos delitos de malversación y tráfico de influencias.
Según detalla El País, el magistrado también sentará en el banquillo a la asistente de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez. Así, el sumario se remitirá al tribunal superior para que pueda fijar la fecha de la vista.
En la resolución, de 67 páginas, el juez reafirma su postura de llevar a ambas a juicio después de que la Audiencia Provincial le corrigiera al archivar dos delitos y ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que había impuesto el instructor.
“Se acuerda la apertura de juicio oral ante el tribunal del jurado”, concluye Peinado, desestimando el argumento de “ineficacia” planteado por la defensa de Gómez, al que se adhirió la de Álvarez, frente al escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular unificada, encabezada por la organización Hazte Oír.
Peinado indica que ambas acusadas “deberán responder, en su caso, como responsables civiles directas y solidarias” en los términos solicitados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El magistrado dispuso investigar “la capacidad económica” de Gómez y que remita las cinco últimas declaraciones fiscales, ante posibles responsabilidades económicas que pudieran imponérsele.
Si bien rechazó adoptar medidas cautelares, recuerda que ambas acusadas tienen la “obligación” de estar “en todo momento a disposición” del juzgado y del tribunal que celebre el juicio, además de comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero y comparecer “cuantas veces fueren requeridas”.
Peinado sostuvo que la intervención de Gómez y Álvarez ante la Universidad Complutense de Madrid “no se produjo en un contexto neutro u ordinario”, sino por su condición de esposa de Sánchez.
Esto, afirmó, quedó reflejado en conversaciones del personal en las que se la mencionaba como “la mujer de Sánchez”.
Esa circunstancia situó “a ambas en una posición de acceso privilegiado ante un órgano administrativo universitario, en relación con la titularidad y eventual explotación de un ‘software’ desarrollado en el entorno de la cátedra”, añade.
El juez imputa a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, “este último en relación tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del ‘software’ desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria” que codirigió en la Complutense.
En cuanto a Álvarez, aprecia indicios de un presunto delito de malversación de caudales públicos, “exclusivamente en relación con el desvío del ‘software’, en concepto de cooperadora necesaria”.
El magistrado subrayó que, tras la toma de posesión de Sánchez como presidente del Gobierno en junio de 2018, “se produce un cambio radical en la trayectoria” de Gómez.
Apenas dos meses después de dejar su puesto en Inmark, fue designada directora del IE Africa Center, “estableciendo vínculos con la Organización Mundial del Turismo y con la Hub/StartUp Wakalua, ámbito en el que coincide” con el empresario Juan Carlos Barrabés, con quien el juez aprecia indicios de un presunto “intercambio de favores”.
Por su parte, fuentes del Gobierno español rechazaron la decisión del juez de abrir juicio oral contra Gómez, calificándola como una instrucción “arbitraria e injusta” que únicamente obedece a una persecución judicial por ser la esposa de Sánchez.
