Más de tres millones de personas arriesgan sanciones por no haber sufragado en las elecciones presidenciales de 2025, comicios en los que volvió a aplicarse el voto obligatorio en el país.
El Servicio Electoral (SERVEL) presentará denuncias contra quienes no participaron en la votación —tanto en la primera como en la segunda vuelta—, y los Juzgados de Policía Local de todo el país serán los encargados de procesar cada caso.
Aun así, el sistema judicial enfrenta un desafío considerable por la gran cantidad de denuncias que deben gestionarse antes de que prescriban.
En conversación con el Expreso Bio Bio, Francisco Ríos, presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, sostuvo que el SERVEL dispone de un año para ingresar las denuncias ante los tribunales; de no hacerlo dentro de ese plazo, estas prescriben.
Ríos señaló que está a la espera de que el SERVEL ingrese las causas y anticipó que, como en ocasiones anteriores, el organismo las remitirá prácticamente al límite del plazo.
Precisó que, considerando que la primera vuelta se realizó en octubre del año pasado, el margen es reducido. Estimó que en un par de meses comenzarán a arribar miles de expedientes a los juzgados.
¿Cuál es el monto de las multas?
Según Ríos, las multas podrían fluctuar entre $36.000 y $108.000, dependiendo de lo que determine cada juez.
Además, detalló que quienes no cuenten con una excusa válida pueden ser citados y que, si se les impone una multa, esta debe ser notificada.
Aclaró que, si la sanción no se paga, los jueces pueden emitir a Carabineros una orden de reclusión en reemplazo de la multa.
Las complicaciones del proceso
Finalmente, describió que el trámite es complejo, aun cuando el SERVEL envía la información depurada —excluyendo a quienes estaban en el extranjero o presentaron excusas válidas—, ya que el volumen sigue siendo abrumador.
