El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la posibilidad de alzar el secreto bancario de funcionarios sin autorización judicial, advirtiendo que una medida de ese tipo podría abrir una “puerta peligrosa” al desdibujar los límites entre las facultades del Estado y la privacidad de las personas.
Las declaraciones las realizó ante la comisión de Seguridad del Senado, en el marco del debate del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y que incluye cambios al procedimiento para acceder a información bancaria.
Arrau afirmó que, aunque valora contar con más información para enfrentar al crimen organizado, cuestionó que el secreto bancario pueda levantarse sin la intervención de un tribunal.
“Hoy estamos centrados en esta discusión; está muy bien tener más datos, pero levantar el secreto bancario de un funcionario sin orden judicial, creemos, no es adecuado”, dijo.
En esa línea, el ministro indicó que no conoce de investigaciones que hayan quedado detenidas por falta de autorización judicial para acceder a información bancaria.
“No existe ninguna investigación que se haya detenido por no haberse autorizado judicialmente el levantamiento del secreto bancario”, planteó.
Arrau alerta sobre los límites a la privacidad
Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que eliminar el control judicial podría sentar un precedente para ampliar las facultades del Estado sobre datos privados de las personas.
“Creemos que también abre una puerta peligrosa”, apuntó Arrau, quien puso como ejemplo el acceso a las comunicaciones.
“¿Por qué no levantar entonces las telecomunicaciones para saber exactamente qué ocurre? Porque ahí está el límite entre la libertad y la privacidad versus tener un Estado que controle más”, complementó.
El ministro insistió en que, durante la discusión, no se le ha presentado un caso concreto de una investigación que haya enfrentado dificultades por no contar con el alzamiento del secreto bancario. “Nunca nos han presentado un caso que haya tenido problemas por no alzarse”, planteó.
Finalmente, Arrau reiteró sus reparos a ampliar esta facultad bajo el argumento de combatir al crimen organizado, advirtiendo del riesgo de terminar accediendo a información privada sin autorización judicial.
“Pero abrir esa puerta, que con la justificación del crimen organizado podamos acceder a toda la información de las personas, comenzar a abrir esa puerta nos parece riesgoso”.
