El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, aseguró ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara que la institución ha identificado casos de funcionarios indagados por delitos graves y que su postura será de “tolerancia cero”.
“Estamos dolidos”, expresó al comenzar su exposición, según relataron los asistentes. “Hemos detectado y enfrentado con decisión, a través de nuestras propias investigaciones internas, que personas que juraron servir al país están siendo investigadas por delitos de alta gravedad, traicionando la doctrina institucional y quebrantando el mandato legal que prometimos resguardar”.
El jefe policial subrayó que quienes delinquen “no son reflejo de la PDI” y que sobre ellos debe aplicarse “el máximo rigor de la ley”. Recalcó además que la imagen de la institución no puede quedar condicionada por “una minoría que se corrompió”, sino por los más de 13 mil funcionarios que, afirmó, cumplen tareas de seguridad y justicia en el país.
Durante su intervención, el director detalló acciones para fortalecer los controles internos. Entre ellas, mencionó la creación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en todo el país, la aprobación de un Modelo de Control Interno para la Prevención y Control de Conductas Indebidas y la puesta en marcha de una Jefatura Nacional de Control Normativo y Administrativo, junto a un Departamento de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.
A esto sumó un nuevo Código de Integridad Policial, directrices para reforzar la observancia de la Ley del Lobby, la elaboración de reportes financieros a Contraloría y el fortalecimiento de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios obligados a presentarlas.
También indicó que se implementó un sistema de selección aleatoria de unidades para someterlas a test de consumo de drogas, además de un procedimiento para recepcionar denuncias por maltrato, acoso laboral y acoso sexual.
En esa línea, aseguró que la PDI se convirtió en “la primera institución policial de América” en adoptar un sistema de compliance policial, pese a que —dijo— no existe una exigencia legal específica para ello.
El director aportó además una cifra: entre 2024 y lo que va de 2026, dispuso el retiro de 116 funcionarios de distintos escalafones por razones disciplinarias o pérdida de confianza. “Quien traicionó nuestro juramento a la Patria no merece portar nuestra placa de servicio”, afirmó.
En cuanto a las denuncias internas, señaló que la institución dispone de protocolos para su recepción, tramitación e investigación, así como de canales confidenciales y anónimos que resguardan a quienes reporten eventuales hechos de corrupción, faltas a la probidad u otras irregularidades.
Indicó que, mediante una circular de diciembre de 2024, se instruyó al personal sobre el Estatuto de Protección del Denunciante y su reglamento. Agregó que la PDI habilitó el Portal de Denuncias Virtual PDI OIRS y un procedimiento para gestionar reclamos ciudadanos.
De acuerdo con los registros de esa plataforma, en 2024 se recibieron 59 reclamos vinculados a probidad y tres por corrupción. En 2025, se contabilizaron 133 reclamos por probidad y dos por corrupción. En lo que va de 2026, hay 155 reclamos relativos a probidad y tres asociados a corrupción.
La autoridad señaló que los casos catalogados como corrupción constituyen una fracción “ínfima” del total de reclamos ingresados, condición que —aseguró— se ha mantenido en los tres años informados.
Detalló que la estructura de control considera un Departamento de Auditoría Interna dependiente de la Dirección General, una Inspectoría General y su Jefatura Nacional de Control Operativo. Esta última tiene el mandato de prevenir, detectar y controlar conductas que puedan afectar la probidad administrativa, constituir actos de corrupción o configurar delitos funcionarios.
Asimismo, aludió al trabajo de la Brigada Investigadora Anticorrupción, las brigadas de lavado de activos, las unidades de delitos económicos y Asuntos Internos.
En el ámbito formativo, indicó que los planteles educacionales de la PDI mantienen contenidos permanentes sobre probidad y transparencia. Resaltó el programa “Ethos”, orientado a que el personal incorpore los valores del Código de Integridad, y cursos sobre acoso laboral y sexual, ética y deontología policial, seguridad de la información, levantamiento de procesos y cumplimiento policial.
Respecto del ingreso a la institución, explicó que el proceso de selección contempla una dimensión ética y valórica, evaluaciones psicológicas, revisión de antecedentes personales, familiares, sociales y económicos, además de una entrevista policial. La evaluación —dijo— busca medir honestidad, responsabilidad, respeto de las normas, coherencia entre el discurso y la conducta, capacidad para reconocer errores y razonamiento frente a dilemas éticos.
Finalmente, el director planteó a la comisión estudiar una ley de integridad y control patrimonial del personal policial. La iniciativa pretende robustecer la prevención y detección de corrupción, infiltración del crimen organizado, enriquecimiento injustificado, lavado de activos, cohecho, sustracción o comercialización de evidencias, filtración de información reservada, conflictos de interés y vulnerabilidades financieras.
En términos concretos, propuso modificar la Ley N°20.880 para ampliar la obligación de declarar intereses y patrimonio a todo el personal policial que desempeñe funciones operativas, investigativas, de inteligencia, fiscalización, contratación o custodia de evidencias.
El esquema podría exigir declaraciones al ingreso, de manera anual, al asumir o dejar funciones críticas, al ascender, al concluir la carrera y ante alertas patrimoniales fundadas. Además, sugirió incorporar un anexo reservado con información financiera detallada y habilitar verificaciones electrónicas mediante cruces con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, los conservadores de bienes raíces, el Registro Civil y la Tesorería.
“Seremos inflexibles con quienes se aparten de la ley, traicionen nuestra doctrina, defrauden la fe pública o vulneren a la ciudadanía que debemos proteger”, concluyó.
