La Contraloría General de la República identificó recientemente a 485 funcionarios públicos en todo el país que siguen percibiendo sueldos mientras se prolongan extensas investigaciones disciplinarias en su contra.
En la región de Valparaíso, el reporte registró cinco trabajadores del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso y Juan Fernández, además de tres de la Universidad de Valparaíso. Estos episodios evidencian una falla estructural en los sumarios administrativos: trámites que se dilatan por meses e incluso años, manteniendo a los afectados en un limbo laboral y jurídico.
Entre ellos aparece Claudio Esturillo, arquitecto y exdirector de Obras de la Municipalidad de Juan Fernández, separado de su cargo en agosto de 2025 tras tres años de sumarios e indagatorias.
Asumió el puesto en 2021, en medio del recambio de la administración municipal, y desde entonces enfrentó varias investigaciones que terminaron con su partida de la isla y una inhabilitación para servir en el Estado por cinco años.
Actualmente avecindado en la zona continental de Valparaíso, Esturillo ejerce como arquitecto independiente a la espera de que el órgano contralor se pronuncie sobre su recurso de reclamación, ingresado hace cerca de un año. “Yo he llegado a pensar que Contraloría se politizó en el gobierno anterior”, señaló a Radio Bío Bío.
—¿Podría resumir su caso para entender qué le ha ocurrido?
Yo tuve un nombramiento en el año 2021 como director de Obras Municipal, donde fui con el cargo planta. Me encontré con un escenario donde había una administración saliente de Leopoldo González, que es un exalcalde, y viene una nueva administración de Pablo Manríquez. El escenario fue que ellos tenían un conflicto que se venía arrastrando hace tiempo y cuando ejerce la nueva jefatura empiezan a hacerme un movimiento laboral donde se empezaron a hacer varios sumarios e investigaciones sumarias, donde me empiezan a sancionar y que eran todos sumarios parciales que estaban reñidos con el Estatuto Administrativo. Luego el último sumario me suspende, estuve un año con goce de sueldo suspendido y esto todo lo dije antes, durante y después en Contraloría, de las irregularidades que estaban pasando en la isla. Fui desvinculado y tengo un abogado que me representa, Pablo Cantellano, que está viendo este asunto, pero para avanzar con mi reclamo necesito una resolución de Contraloría y esa resolución va a cumplir un año. Entonces aquí el principio de celeridad es el que se pierde en este tema.
—¿Dejó de percibir su sueldo o aún lo recibe?
No, lo dejé de recibir el 12 de agosto de 2025 porque ahí fui desvinculado. Entonces, ahora estoy en la otra etapa, que es Contraloría General de la República de Valparaíso.
—¿Qué originó las objeciones y el sumario en su contra?
Todos los sumarios parciales venían buscando mi desvinculación. Aquel sumario partió por unas cámaras de seguridad de una orden de compra de 250 mil pesos que se habían perdido en la oficina del director de obra. En mi oficina. Esas cámaras de seguridad no se instalaron por un tema de conectividad, no teníamos Internet apropiada. Luego viene otra investigación sumaria, me sacan de mi oficina y me llevan a otro lado y levantan este sumario buscando estas cámaras que estaban extraviadas. Luego se dan cuenta que esas cámaras estaban y hacen el sumario y yo grabo mi declaración, porque como había tenido otras investigaciones y sumarios, me cambiaban los escritos de las declaraciones que yo hacía. Entonces, para yo tener algo de dónde afirmarme, grabé mi declaración y se lo dije a la fiscal en aquel entonces. No les pareció. Estaba de moda el tema de Luis Hermosilla, pensaron que fue un delito. Y del cargo del extravío de las cámaras y su nueva instalación oportuna, nace otro cargo totalmente ajeno, que era que grabé mi declaración, mi propia declaración, para yo defenderme. Después cambian el fiscal, llega un nuevo fiscal, todo esto fue ideizado, y pasó un año en esta investigación… Perdón, fueron tres años. Nació como una investigación sumaria y después, por grabar mi declaración, se transforma en un sumario administrativo.
—Hoy está sin trabajo, ¿qué gestiones ha hecho para destrabar su situación?
En este momento estoy cesante, trabajando como un arquitecto independiente. He recurrido a todas las instancias, he tratado de comunicarme con el diputado Luis Sánchez, con el ministro Iván Puduje, que fue un profesor mío, con el delegado presidencial de acá de Valparaíso. Le he escrito cuatro cartas a Dorothy Pérez, y en todo no he tenido respuesta. En la última instancia ya le escribí al Presidente José Antonio Kast, al departamento de gestión, y me dicen que lo están viendo mi tema, pero yo lo único que estoy pidiendo es que Contraloría se pronuncie, nada más, que dicte la resolución y después lo toma mi abogado y lo sigue trabajando. Pero para avanzar yo en este caso necesito una resolución. He ido seis veces a Contraloría y no, me dicen que tengo que esperar nomás la resolución. Ya no me queda más que prensa y la carta que le escribí al Presidente para que por favor pidiera que se apure esta resolución.
—¿Hace cuánto espera la resolución de Contraloría?
Llevo un año con Contraloría, entonces se pierde el principio de celeridad en el sistema público y eso, la verdad, ahí empieza a aparecer la malversación de fondos, el derroche. Básicamente lo mismo que pasó con las licencias médicas, que era algo que se sabía, pero actuaron tarde. Entonces, todo lo que pasó desde los años 90 hasta el 2020 fue plata perdida, derroche.
—¿Qué le significó saber que existen numerosos casos similares en el país?
Bueno, explotó. Por un lado, estoy contento porque esto era un secreto a voces, esto es muy propio de los municipios chicos. Esto bien lo dijo la ministra Chomalí la otra vez, entonces espero que todo esto avance y yo pueda recuperar mi trabajo. Hice un trabajo bien ingrato como director de obra, porque tengo que fiscalizar y para fiscalizar tengo que empezar por casa, tuve que empezar por el municipio y empezar por el alcalde, que él construyó, amplió su casa sin permiso de edificación. Entonces el ejemplo que le da a la comunidad es devastador, o sea, se otorgan los servicios básicos, todo a la pinta del alcalde. Se politizó la dirección de obra. Entonces, claro, ahí están los votos, ahí está la comunidad y ahí está el director de obra suspendido, expulsado.
—¿Qué mensaje cree que transmite Contraloría al exhibir estos casos y qué piensa que ocurre con informaciones de este tipo?
En lo personal, hay un daño enorme (…) Es necesario que Contraloría agote los plazos, porque imagínense un sumario de ocho hojas con un cargo que lleve un año en revisión… Algo pasa en Contraloría. Hoy día tenemos la inteligencia artificial, eso quizá debería estar de mejor manera acogido dentro de la Contraloría, pero son plazos totalmente extendidos y el principio de celeridad se pierde. Y todos esos son recursos que todos nosotros estamos pagando. En el municipio, cuando dicen si se roba plata, es la verdad. Se roba plata, se roba mucha plata, se desaparece la plata, hay malversación de fondo, prevaricación. Los actos de corrupción en el ente municipal son graves. Es triste ver que todo esto se demore, que se arrastre y que los vicios siguen creciendo y nadie le pone el cascabel al gato (…) Yo he llegado a pensar que Contraloría se politizó en el gobierno anterior. No me lo explico, cómo no son capaces de leer un sumario de ocho fojas, un cargo absurdo quizás.
