El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, defendió la labor del ministro de la Segpres, José García, y señaló a su propio sector tras el rechazo, por un solo voto, de la reforma que extendía los plazos de detención para expulsar migrantes.
De forma directa, el legislador sostuvo que no corresponde al ministro gestionar los permisos de los diputados ausentes ni encargarse de llevarlos a la Sala.
“El ministro García no es el inspector del curso, no es la mamá a cargo de alguna persona. Cada comité tiene que tramitar su permiso constitucional”, dijo tras la sesión.
Schalper responsabiliza a socios de Gobierno tras fracaso de reforma de expulsiones
La iniciativa sumó 88 votos favorables, 28 en contra y 19 abstenciones. Requería 89 respaldos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos, por lo que terminó cayéndose por un solo voto.
En ese contexto, las miradas se dirigieron rápidamente hacia la Segpres y su capacidad para ordenar apoyos. Sin embargo, Schalper rechazó atribuirle la derrota a García Ruminot y pidió que cada partido asuma su responsabilidad. “Lo que acaba de pasar es gravísimo”, afirmó.
“No se le puede pedir a un ministro que se haga cargo de que el comité tramite sus permisos constitucionales. ¿Hasta dónde se extiende la responsabilidad? ¿Tiene que llevarlos también de la mano a la Sala?”, cuestionó.
El desenlace estuvo marcado por las ausencias de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encuentran en Estados Unidos junto al presidente José Antonio Kast.
De haberse tramitado a tiempo sus permisos constitucionales, podía disminuir el número de votos exigidos para aprobar la reforma. Pero eso no ocurrió. Para Schalper, esa gestión correspondía a cada comité, no al ministro.
Luego envió un mensaje directo a los demás partidos oficialistas: “Espero que nuestros socios hagan una autocrítica y sean capaces de tener más compromiso en este tipo de proyectos”.
Cuestionamientos al PDG y a la izquierda
Schalper además criticó a sectores de oposición que, según afirmó, respaldaron la iniciativa durante su discusión en comisión, pero cambiaron su postura al votar en la Sala.
Asimismo, puso el foco en el Partido de la Gente, cuyos diputados se abstuvieron pese a las conversaciones previas con el Ejecutivo.
“Declaran para afuera estar a favor de la seguridad de Chile y finalmente algunos de sus parlamentarios terminan votando en contra de este proyecto”, reprochó.
La iniciativa pretendía ampliar el tiempo durante el cual una persona puede permanecer detenida mientras se ejecuta su expulsión administrativa. La propuesta fijaba un periodo de entre cinco y 60 días, prorrogable hasta en dos ocasiones.
Tras el revés, García Ruminot reconoció que algunos votos que estaban comprometidos finalmente no estuvieron disponibles o cambiaron en el momento decisivo.
Aunque por regla general una iniciativa rechazada no puede volver a discutirse durante un año, el Gobierno todavía puede intentar una insistencia ante el Senado. Para ello necesitará el respaldo de dos tercios de la Cámara Alta, incluyendo necesariamente votos de la oposición.
