La banquetera señalada de defraudar a alrededor de 60 novios en la región de Valparaíso sostuvo que probará su inocencia. Lo afirmó tras comparecer ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde se decretó su prisión preventiva.
Se trata de Natalia Álvarez Murillo, dueña de la empresa Probarte Banquetería SpA, quien permanecía ilocalizable desde junio. En un inicio había quedado en libertad mediante una caución de $5 millones, decisión que luego fue revocada tras una apelación de los querellantes y del Ministerio Público. Después de eso, la defensa acudió a varias instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.
“Vengo a presentarme, como corresponde, y luego voy a acreditar mi inocencia respecto de todos los cargos”, señaló a Mega al ingresar al tribunal.
Según afirmó, en su caso “existe mucha información distorsionada, que no corresponde y no se ha contado toda la verdad”.
También negó haberse mantenido oculta o haber intentado eludir a la justicia, asegurando que estaban a la espera de la resolución de la Corte Suprema.
Sobre ese punto se refirió el abogado de la banquetera, Pablo Ehrenberg, quien explicó que en las últimas semanas se interpusieron distintos recursos y que, una vez agotadas las vías judiciales, su defendida se presentó.
“Al no quedar ninguna vía legal o judicial vigente en este país, era lógico y evidente que se presentara ante los tribunales de justicia”, sostuvo.
Defensa niega estafa reiterada
El profesional señaló que “hablar de estafa reiterada respecto de mi representada es adelantarse a los hechos”, destacando la presunción de inocencia de la banquetera.
“Toda persona es inocente mientras no exista un juicio. Por ende, a día de hoy, mi representada es inocente”, recalcó.
En ese marco, explicó que hay contratos entre los afectados y la empresa Probarte, que —según dijo— depende de Galarce y no de su representada. En varios de ellos se estipulaba que, si los clientes desistían del matrimonio, podían perder parte de los montos abonados. Por ello, estimó que la causa dice relación con incumplimientos contractuales y no con una estafa.
El defensor se refirió a las bodas que quedaron sin el servicio, indicando que, de cuatro casos conocidos, tres no habrían pagado la totalidad de lo pactado, mientras que en uno sí se habría cancelado el total.
En concreto, el abogado atribuyó la responsabilidad al dueño de Probarte, José Galarce, cónyuge de la coimputada.
