Con críticas dirigidas al Partido de la Gente y a la izquierda, parlamentarios del oficialismo reaccionaron al rechazo por un voto de la reforma para expulsar migrantes.
La Cámara de Diputadas y Diputados desechó por un voto la enmienda constitucional promovida por el Gobierno que pretendía extender el tiempo de detención de quienes mantienen una orden de expulsión administrativa. La propuesta reunió 88 votos favorables, 28 en contra y 19 abstenciones.
Entre los elementos que pesaron estuvo la ausencia de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert. Ambos se encuentran en Estados Unidos acompañando al presidente José Antonio Kast.
La iniciativa proponía cambiar el actual tope de cinco días para ejecutar una expulsión administrativa, fijando un margen de entre cinco y 60 días, con opción de prorrogarlo en dos oportunidades, lo que en ciertos casos podía implicar una privación de libertad de hasta 180 días.
Fuertes críticas del oficialismo a la oposición
Pese a la evidente descoordinación del Ejecutivo, de inmediato aparecieron reproches a la oposición. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la labor del Gobierno en la Cámara, sosteniendo que se trabaja de manera “rigurosa y minuciosa”; sin embargo, “cuando llega el momento de votar hay personas que o no están en la sala o simplemente cambian su voto y, frente a eso, es muy difícil poder tomar medidas adicionales que nos permitan asegurar los votos”.
Esto, porque desde el Gobierno se habría confiado en un entendimiento con el Partido de la Gente.
Tras este nuevo traspié, Rabat señaló que “vamos a seguir trabajando para en el futuro poder lograr las votaciones necesarias para seguir avanzando en la agenda contra el crimen organizado y la delincuencia”.
Más enérgico fue el diputado Diego Schalper (RN), quien sostuvo que lo ocurrido es “gravísimo porque este proyecto de ley abordaba dos asuntos esenciales: primero, ampliaba la posibilidad de detenciones administrativas en procesos de expulsión de migrantes en situación irregular; y segundo, habilitaba mantener bajo custodia por hasta 10 días a una persona con orden de alerta roja de Interpol”.
En esa línea, acusó “inconsecuencia e incoherencia” de los partidos de izquierda que “en la comisión respaldaron este proyecto tras un acuerdo de oír a los expertos y, finalmente, en la sala votan en contra”.
Luego dirigió sus críticas directamente al Partido de la Gente: “Hacia afuera se declaran a favor de la seguridad de Chile y, al final, algunos de sus parlamentarios terminan votando en contra de este proyecto que, insisto, es urgente para solucionar problemas prácticos en materia de expulsiones administrativas y también de extradiciones”.
El legislador admitió que no previeron dos hechos: que la oposición aprobara en comisión y luego rechazara en la sala, y que el Partido de la Gente “haya tenido una posición adversa a aquel proyecto que busca fortalecer el trabajo en el combate de la inmigración ilegal”.
Por su parte, el diputado Cristian Araya (Partido Republicano) señaló que “hay que hacer frente a aquellos que se opusieron y durante un año le negaron a Chile la posibilidad de enfrentar la crisis migratoria. Aquí durante un año nos ataron de manos en el plano legislativo para poder avanzar en una norma que era absolutamente necesaria”.
Desde su óptica, quienes deben responder tras este revés a la reforma “son los izquierdistas que votaron en contra y que después, cuando van a pedirle el voto a la gente, hablan en contra de la inmigración ilegal, pero son los primeros en avalarla”.
Si bien planteó que es posible perfeccionar el trabajo legislativo de la Segpres, indicó que “los votantes deberán exigirles cuentas” a los que votaron a favor y estos deberán explicar “por qué estuvieron dispuestos a respaldar la inmigración ilegal”.
