La determinación del Gobierno de sumar a Chile al llamado “Escudo de las Américas” abrió una duda: ¿cuál es, en concreto, el compromiso que asumió el país al integrarse a la iniciativa promovida por el presidente estadounidense Donald Trump?
De acuerdo con lo comunicado hasta ahora, Chile se incorporó a un esquema voluntario de coordinación entre gobiernos para enfrentar el crimen organizado transnacional, que incluye intercambio de información, análisis de datos, formación policial y acciones de coordinación entre Estados.
No corresponde a un tratado internacional ni implica, según aseguró el presidente José Antonio Kast, autorizar operaciones militares dentro del territorio nacional.
El anuncio se realizó este martes, después de que Kast participara en Nueva York en el segundo encuentro del Escudo de las Américas, liderado por Trump, con lo que se dejó atrás la condición de observador que Chile mantenía hasta entonces.
El paso también representó un cambio respecto de lo dicho pocos días antes. El 14 de septiembre, el propio Kast había señalado que el país seguiría como observador, mientras los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad analizaban una eventual incorporación.
¿En qué consiste el Escudo de las Américas?
La propuesta se formalizó el pasado 7 de marzo en Miami, en el marco de una cumbre convocada por Trump con líderes de América Latina y el Caribe.
Desde su inicio, Washington la describió como una coalición orientada a reforzar la cooperación contra carteles de droga, organizaciones criminales y redes catalogadas por Estados Unidos como narcoterroristas.
El componente militar ha sido uno de los elementos más controvertidos. En el lanzamiento, Trump instó a los países a intensificar la ofensiva contra los carteles y planteó el uso de capacidades militares como parte de la estrategia estadounidense.
No obstante, eso no implica de manera automática que los países miembros hayan autorizado operaciones militares de Estados Unidos dentro de sus fronteras. Y es justamente en ese aspecto donde el Gobierno chileno ha querido trazar una diferencia.
¿A qué se sumó Chile?
Según lo señalado por Cancillería, para Chile el Escudo opera como un “marco de coordinación voluntaria”. Cada Estado mantiene sus obligaciones jurídicas internas e internacionales, y la incorporación busca complementar el denominado Compromiso de Santiago, impulsado previamente por La Moneda para enfrentar el crimen organizado en Sudamérica.
En lo operativo, el Ejecutivo ha definido cuatro ámbitos: intercambio de información sobre organizaciones criminales; uso de sistemas de análisis inteligente de datos; capacitación para Carabineros y la PDI; y un refuerzo de la coordinación fronteriza, en particular con Argentina, Bolivia y Perú.
El énfasis está en estructuras delictuales que actúan en múltiples países. Entre ellas figuran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
Lo que no se ha comunicado hasta ahora es un compromiso de Chile para enviar tropas a otros países o permitir el ingreso de fuerzas extranjeras para ejecutar operaciones militares en territorio nacional.
Tampoco se han dado a conocer públicamente costos potenciales de la adhesión, plazos de implementación específicos ni nuevas exigencias presupuestarias.
Kast descarta operaciones militares
Tras asistir a la cita en Nueva York, Kast salió a responder parte de esas inquietudes.
“Lo que hemos señalado es que adherimos a una coordinación conjunta de 15 países”, explicó el mandatario, quien enfatizó que “aquí no hay un tratado” y descartó que la decisión implique pasar por encima de la soberanía o institucionalidad chilena.
Según el jefe de Estado, el ingreso se orienta a líneas específicas de acción contra el crimen organizado y al intercambio de información entre los países participantes.
“No hay que confundir los aspectos; acá no hablamos de operaciones militares en contra de crimen organizado o terrorismo”, sostuvo, señalando que el objetivo es la “coordinación, información y seguimiento del crimen organizado”.
Kast añadió que en la reunión tampoco se discutieron eventuales incursiones de un país en territorio de otro para perseguir organizaciones ligadas al narcotráfico o al terrorismo.
Inquietudes en el Congreso
Pese a las precisiones de La Moneda, la adhesión despertó reparos desde sectores de la oposición.
El diputado Ignacio Achurra planteó que una definición de esta naturaleza debió ser tratada previamente en el Congreso.
“Creemos que es un error, que esta decisión debió haber sido consultada con el Congreso, debatida”, afirmó.
El legislador alertó sobre posibles efectos en la soberanía y señaló la falta de información pública sobre los compromisos asumidos.
“Ese es precisamente el problema, que no lo conocemos”, señaló, agregando que habría sido “una buena oportunidad para debatir y dar una discusión más amplia respecto a una decisión que puede tener complicadas derivadas para nuestro país”.
Una visión distinta expresó el diputado RN Juan Carlos Beltrán, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.
“Chile no está reemplazando su institucionalidad ni entregando sus atribuciones a otro país”, afirmó.
A su entender, el país está “sumando unidad y cooperación internacional al trabajo que ya impulsa mediante el Compromiso de Santiago”, al estimar que enfrentar redes criminales transnacionales requiere “compartir información y capacidades entre Estados”.
Parisi solicita claridad sobre los alcances
Desde el Partido de la Gente, la diputada Zandra Parisi cuestionó principalmente la forma en que el Ejecutivo comunicó la decisión.
“Seguimos con los problemas de transparencia y de comunicación. Chile y los chilenos necesitan y merecen ser informados”, sostuvo.
Parisi respaldó que el país se integre a mecanismos internacionales contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero exigió precisar los compromisos involucrados.
“Chile se tiene que adherir, por supuesto, pero con las cosas claras”, señaló.
La parlamentaria planteó algunas de las interrogantes que, a su juicio, debe responder el Gobierno: “¿Significa que vamos a prestar tropas? (…) ¿Qué cargo monetario significa esto?”.
Además, solicitó al Ejecutivo ampliar el diálogo con expertos, la ciudadanía y el Congreso antes de adoptar decisiones de este tipo.
Senadores PS exigen explicaciones
A las críticas se sumó la bancada de senadores del Partido Socialista, que manifestó su “preocupación” por la adhesión y puso el acento en el viraje del Ejecutivo.
“Hasta hace pocas semanas, el propio Gobierno señalaba que Chile no formaba parte de esta iniciativa y que sus alcances no estaban definidos. Hoy se anuncia la adhesión, sin que el país conozca con claridad qué cambió, qué se acordó y qué compromisos asumió Chile”, señalaron.
Los senadores indicaron que pedirán que la decisión sea explicada formalmente ante la Cámara Alta y que el canciller detalle los términos de la incorporación, en especial sus posibles efectos en soberanía, seguridad y defensa.
“Chile puede y debe cooperar internacionalmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero una cosa es cooperar y otra comprometer los intereses permanentes del país sin que exista claridad respecto de las condiciones y alcances de dicha decisión”, agregaron.
Lo que aún falta por aclarar sobre el Escudo de las Américas
En síntesis, la adhesión informada por el Gobierno tiene por ahora un alcance acotado: Chile se suma a una plataforma de cooperación internacional para compartir información, análisis y capacidades frente a organizaciones criminales transnacionales.
Según el Ejecutivo, no se trata de un tratado internacional ni constituye por sí misma una autorización para desplegar fuerzas chilenas en el exterior o habilitar operaciones militares estadounidenses en el país.
Con todo, persisten materias por definir, como los mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, qué organismos chilenos tendrán participación permanente, los protocolos de acceso a información, costos eventuales para el Estado y la forma en que se materializará la cooperación operativa.
Serán esas precisiones las que permitirán establecer, más allá del anuncio político, qué implicará en la práctica para Chile integrar el Escudo de las Américas.
