En el contexto del caso Sartor, la defensa de Michael Clark Varela jugó su última alternativa: presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema para intentar dejar sin efecto la prisión preventiva que cumple el empresario, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago desechara previamente el amparo promovido por sus abogados.
La presentación fue liderada por el abogado Bernardo Rosenberg Pérez, junto a Samuel Donoso, Andrea Rivera y Gabriel Campos, y persigue anular la resolución de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, dictada el pasado 8 de septiembre.
Esa instancia había rechazado el amparo deducido contra la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que el 18 de agosto ordenó la prisión preventiva de Clark Varela.
Defensa objeta los fundamentos de la prisión preventiva
En el escrito ingresado ante el máximo tribunal, la defensa afirma que la privación de libertad de su representado es ilegal, sosteniendo que la resolución carece de una motivación concreta y suficiente respecto de la necesidad de cautela.
Uno de los reparos centrales señala que el peligro para la seguridad de la sociedad se habría sustentado, según la defensa, en la gravedad de los hechos investigados y las penas aparejadas, sin demostrar un riesgo futuro, actual e individualizado atribuible a Clark Varela.
La representación además denuncia una desproporción en la medida cautelar, indicando que no se evaluaron de manera suficiente otras opciones menos gravosas.
En esa línea, los abogados sostienen que ofrecieron alternativas como arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás coimputados.
Defensa de Clark sostiene que se omitieron antecedentes de colaboración
Otro aspecto planteado en la apelación es la existencia de antecedentes que, a juicio de la defensa, evidencian el arraigo y la voluntad de Clark de colaborar con la investigación.
Entre ellos se incluyen el término de sus funciones directivas en Sartor AGF S.A. en diciembre de 2024, su comparecencia voluntaria ante las autoridades, la entrega de su pasaporte y dispositivos electrónicos, además de las claves vinculadas a estos.
A ello se suma el alzamiento voluntario del secreto bancario y cuatro jornadas de declaración, además de no registrar antecedentes penales. Según la defensa, estos factores no habrían sido debidamente ponderados al resolver mantener al ejecutivo privado de libertad.
Cuestionan el riesgo para la indagatoria y el trato frente a coimputados
El libelo también cuestiona el presunto riesgo para la investigación ligado a una posible destrucción de evidencia previa. Sobre este punto, la defensa alega que no existe una fundamentación suficiente que permita concluir que, a la fecha, Clark Varela representa un peligro para el avance de las diligencias.
Asimismo, denuncia un trato diferenciado respecto de otros imputados de la causa que quedaron sometidos a medidas del artículo 155 del Código Procesal Penal, mientras que Clark continúa en prisión preventiva.
Por estas razones, la defensa solicitó a la Corte Suprema revocar las resoluciones impugnadas y ordenar la inmediata libertad de Michael Clark Varela, imponiéndole medidas cautelares alternativas.
Subsidiariamente, pidió que se disponga la realización de una nueva audiencia ante un juez no inhabilitado. Además, la representación requirió que el recurso sea visto con alegatos ante la Segunda Sala de la Corte Suprema.
