Tras la revelación de la Contraloría sobre graves atrasos en la conducción de sumarios administrativos en la Administración Central del Estado, desde el Parlamento se busca impulsar medidas para fijar responsabilidades y sanciones a los jefes de servicio. La diputada Joanna Pérez informó que llevará el asunto a la Comisión de Gobierno de la Cámara, donde además intentará ampliar la revisión a las municipalidades, que no fueron consideradas en las cifras divulgadas por el organismo contralor.
Tras informar Contraloría que 485 funcionarios públicos siguen suspendidos de sus labores y continúan percibiendo remuneraciones, el Congreso pretende determinar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
El más reciente Consolidado de Información Circularizada, elaborado a partir de consultas a 662 organismos públicos, expuso dilaciones significativas en la tramitación de estos procedimientos.
Existen expedientes que se extienden hasta cuatro años y siete meses y, solo entre los diez más prolongados, se habría desembolsado aproximadamente 671 millones de pesos en sueldos.
En el trasfondo, hay fiscales que llevan años para concluir los sumarios, pese a que el plazo legal es de 60 días.
El director de la Escuela de Administración Pública UDP, Rodrigo Espinoza, sostuvo que los responsables de estos expedientes, tanto el fiscal designado como el director del servicio, pueden ser objeto de un sumario por las dilaciones excesivas.
“Existe el riesgo de que las jefaturas incurran en responsabilidades administrativas y sean también objeto de sumario”, advirtió.
No obstante, el director de la Escuela de Derecho U. Finis Terrae, Pablo Alarcón, puntualizó que, para que ello ocurra, una autoridad superior debería abrir un nuevo sumario.
“Existe demora del fiscal, pero ¿es el único responsable? No; quien lo nombró también podría tener responsabilidad administrativa, aunque para eso se requeriría un nuevo sumario, esta vez dirigido al director del servicio”, explicó.
Parlamentarios solicitaron al Consejo de Defensa del Estado evaluar eventuales acciones civiles y penales contra quienes resulten responsables de las prolongadas demoras.
Uno de los promotores, el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper, señaló que el Congreso tiene que ejercer su función de control ante este tipo de situaciones.
“Los chilenos se indignan ante estas situaciones y debe existir una respuesta nítida y firme de quienes tenemos la tarea de fiscalizar”, enfatizó.
A su vez, la diputada del Partido Demócrata Joanna Pérez indicó que la Comisión de Gobierno de la Cámara abordará el tema junto a Contraloría para extender la revisión a las municipalidades, que no fueron incluidas en las cifras difundidas.
“Los municipios están quedando fuera. Como presidenta de la Comisión de Gobierno abordaremos estos asuntos, citaremos a la contralora y exigiremos una salida que evite desperdiciar recursos públicos”, afirmó.
El reto inmediato será definir qué ajustes administrativos o normativos se requieren para impedir que los sumarios se extiendan por años. Desde el Congreso plantean fijar responsabilidades y avanzar en herramientas que agilicen estos trámites.
