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El desalojo de una mujer de 87 años con discapacidad genera indignación y críticas oficiales en España

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Escrito por:César Vega Martínez

Una mujer de 87 años fue expulsada de su vivienda por la fuerza este miércoles en el centro de Madrid. Maricarmen Abascal fue desahuciada de su domicilio en la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde pasó al menos 70 años de su vida en España.

“He vivido aquí durante 71 años y no quiero irme”, declaró Maricarmen a los periodistas en el momento de la expulsión.

El desahucio de Maricarmen en España

Con apenas 30 minutos para recoger sus cosas, Maricarmen fue acompañada por agentes con equipo antidisturbios. La sacaron del inmueble en una camilla y la subieron a una ambulancia. Detrás del cordón policial, decenas de manifestantes gritaban “Maricarmen, no estás sola” y “¡Asesinos!”.

El episodio vuelve a evidenciar la crisis habitacional en España. En este caso, la afectada no podía asumir el elevado alquiler del piso después de que pasara a manos de un fondo de inversión.

La abogada de la adulta mayor, Beatriz Duro, señaló que la inmobiliaria “Urbagestión Desarrollo e Inversión” no aceptó las alternativas propuestas por el equipo legal ni las peticiones para posponer la salida de la vivienda.

El caso ha provocado indignación en el país europeo, con movilizaciones en ciudades clave y un mensaje del presidente Pedro Sánchez, quien apuntó directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país ni, por supuesto, tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas”, indicó desde EEUU.

“Y creo que es muy importante también recordar que si hay administraciones competentes en la materia de la protección social de personas vulnerables en el ámbito de la vivienda, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas y, desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid están más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza”, añadió.

De acuerdo al medio DW, España continúa dividida sobre cómo enfrentar el agravamiento de la crisis de vivienda.

El Ejecutivo de coalición de izquierda ha impulsado mayores salvaguardas para los arrendatarios y controles más amplios sobre los alquileres, aunque sostiene que, mientras el Parlamento siga fragmentado, costará sacar adelante estas iniciativas.

Por su lado, el Gobierno regional de Madrid, encabezado por el Partido Popular, ha abogado por un enfoque más orientado al mercado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afronta además una controversia por la adquisición de propiedades de lujo valoradas en 6,3 millones de euros (7,2 millones de dólares).