El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y su par de San Bernardo, Christopher White, criticaron la lentitud en la tramitación de la denominada ley corta de Seguridad Municipal.
Ambas autoridades reprocharon la dilación del proyecto de ley corta que modifica la Ley 21.802 de Seguridad Municipal, anunciado por el Gobierno e ingresado al Congreso el 4 de agosto, con la finalidad de subsanar deficiencias y mejorar su puesta en marcha.
Hoy, el texto se encuentra en la Comisión de Gobierno del Senado, donde se abrió un periodo para presentar indicaciones. Después deberá pasar por la Comisión de Seguridad Pública, la Sala del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Incluso, de persistir diferencias, la iniciativa podría arribar a Comisión Mixta.
“La bautizaron como ley corta, pero el Senado la ha vuelto interminable; la lentitud es exasperante. Si todos sostenemos que la seguridad es una urgencia, esa urgencia también debe reflejarse al legislar”, dijeron ambos alcaldes.
Cabe destacar que, según un comunicado al que accedió BioBioChile, el proyecto aborda cuestiones necesarias para implementar la Ley de Seguridad Municipal, tales como la contratación de inspectores, los límites de gasto vinculados a esas contrataciones y los mecanismos para certificar su idoneidad física y psicológica.
Por su parte, White hizo hincapié en la espera de los vecinos, quienes “piden más patrullajes, más inspectores y mayor presencia en las calles“. En la misma línea, el alcalde de San Bernardo sostuvo que “no podemos tener a los municipios funcionando a una velocidad y al Estado legislando a otra“.
White e Iglesias advierten un problema que trasciende a acelerar la ley corta
Los jefes comunales señalaron que agilizar la tramitación del proyecto no solucionará el problema de financiamiento.
“Que se nos permita contratar más inspectores y destinar más de nuestros propios recursos no equivale a recibir fondos nuevos. No pueden darnos más responsabilidades y después dejar que cada municipio vea cómo las financia“, expresó Iglesias.
En ese contexto, el alcalde de Independencia agregó: “No estamos pidiendo un cheque en blanco: estamos pidiendo recursos para cumplir responsabilidades que el propio Estado nos está entregando“.
En esa línea, tanto Iglesias como White plantearon que la discusión del Presupuesto 2027 es la ocasión adecuada para aumentar los recursos destinados al equipamiento de seguridad municipal o para establecer un mecanismo especial de apoyo para las comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal.
“Si las obligaciones son las mismas, pero cada comuna debe financiarlas con su propio presupuesto, vamos a terminar teniendo seguridad municipal de primera y segunda categoría“, sostuvo White.
Además, el alcalde de San Bernardo añadió: “La seguridad de una familia no puede depender de la capacidad financiera de su municipalidad“.
Así, los dos jefes comunales llamaron tanto al Senado a acelerar la tramitación de la ley corta como al Gobierno a sumar nuevos recursos en el próximo presupuesto.
“Necesitamos que la ley salga rápido y que el Presupuesto 2027 ponga los recursos para implementarla. Las atribuciones sin financiamiento corren el riesgo de quedar solo en el papel”, concluyeron los alcaldes de San Bernardo e Independencia.
