87 reportes de operaciones sospechosas por cada día hábil, apenas 83 funcionarios para todo Chile y hasta 28 días de tramitación antes de solicitar judicialmente el levantamiento del secreto bancario. Los datos los presentó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y rápidamente se tomaron la discusión del proyecto de Inteligencia Económica.
La Comisión Mixta a cargo de la tramitación recibió al servicio dependiente del Ministerio de Hacienda, que llegó con cifras que dimensionan la carga actual y, sobre todo, la que podría asumir si la iniciativa se convierte en ley.
Marcelo Contreras, director subrogante de la UAF, señaló que solo durante 2025 el organismo registró un promedio de 87 reportes de operaciones sospechosas por cada día hábil.
Pero hubo otra cifra que acaparó gran parte del debate: 28 días.
Ese es el promedio que, según detalló Contreras, puede pasar desde que la UAF recibe una alerta hasta que está en condiciones de pedir ante un tribunal acceso a información amparada por el secreto bancario.
Un lapso que el servicio busca acortar, especialmente porque su carga podría crecer de forma sustantiva.
Del combate al lavado al rastreo del crimen organizado
Hoy, uno de los ejes de la UAF es identificar operaciones que podrían relacionarse con el lavado de activos. El proyecto de Inteligencia Económica pretende ampliar ese alcance y usar las herramientas financieras también para seguir el rastro del dinero del crimen organizado.
Contreras explicó que la UAF ya no solo se dedicaría a prevenir el uso del sistema financiero para el lavado, sino que también apuntaría al crimen organizado, lo que impacta a todos los sujetos obligados, quienes deberán reportar operaciones sospechosas.
La premisa de la iniciativa es rastrear los flujos de dinero. Para ello, la rapidez es clave. Y ahí es donde Hacienda reconoce un nudo crítico.
El subsecretario de la cartera, Sebastián Vallebona, expuso ante la comisión que, de los 28 días que puede tomar el trámite, solo dos corresponden a la fase judicial.
Es decir, de acuerdo con el Ejecutivo, el principal cuello de botella ocurre antes de llegar al juzgado.
Subrayó que es un proceso extenso, de 28 días, y que solo dos de ellos corresponden a la etapa judicial; por tanto, la aceleración debe producirse en la fase administrativa.
La propuesta busca trasladar parte del debate hacia los procedimientos internos que la UAF debe completar antes de requerir el levantamiento del secreto bancario, uno de los puntos más sensibles de la tramitación.
La controversia política
La presentación reavivó las diferencias entre oficialismo y oposición respecto de cómo debe operar el acceso a datos bancarios.
El senador del Partido Comunista Daniel Núñez cuestionó a la derecha y sostuvo que rastrear los flujos financieros de organizaciones criminales puede exigir múltiples levantamientos de secreto bancario respecto de distintas personas.
A su juicio, cuando se sigue el camino del dinero, es necesario alzar reiteradamente el secreto bancario sobre distintos individuos, y cada solicitud es un acto discreto que, en sede judicial, toma tiempo, criticó.
A la discusión sobre los plazos se agrega otra interrogante: quién se hará cargo de todo ese trabajo.
Actualmente, la UAF dispone de 83 funcionarios en todo Chile. Una dotación que ya procesa decenas de reportes diarios y que podría enfrentar una mayor carga si se amplían sus atribuciones para el seguimiento financiero del crimen organizado.
Por ello, durante la tramitación también asoma el debate por los recursos. La nueva misión podría exigir fortalecer la planta del organismo para responder al volumen de información que deberá procesar.
Así, tras la disputa política por el secreto bancario se instala una discusión más concreta: cómo acelerar el seguimiento del dinero del crimen organizado sin que las indagatorias queden atrapadas en trámites administrativos y si la UAF cuenta hoy con el personal suficiente para lograrlo.
La Comisión Mixta continuará con su ronda de audiencias hasta octubre. Luego vendrá la votación en particular, donde los parlamentarios deberán resolver los cambios al procedimiento y los recursos con que contará una UAF que, si el proyecto prospera, asumirá un rol aún más protagónico en la persecución financiera del crimen organizado.
