Parlamentarios de oposición cuestionaron que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) incorporara por primera vez una línea para financiar la construcción de Centros Comunitarios de Culto dentro del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27).
La disposición se sumó este año y considera 22 cupos a nivel nacional, con una inversión total de 143.800 UF, equivalente a aproximadamente $5.900 millones. Cada iniciativa podrá acceder a un tope de 5.450 UF, es decir, alrededor de $223 millones.
Los recintos, según el Minvu, “deberán disponer de espacios para el culto y la reflexión, y además contar con áreas para talleres, capacitaciones, reuniones vecinales, conversatorios, operativos sociales y otras actividades abiertas a la comunidad”.
Espinoza objeta financiamiento a “22 iglesias”
Al respecto, el senador Fidel Espinoza, presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, criticó que recursos del Minvu se destinen a este tipo de infraestructura y remarcó que “Chile es un Estado laico y los recursos públicos deben orientarse a fines de interés general“.
“Soy católico, respeto todas las religiones, pero planteo este tema porque Chile es un Estado laico y con esto se compromete la neutralidad religiosa y la separación entre el Estado y la religión”, señaló.
“El Estado debe respetar y proteger todas las religiones, pero eso no significa que deba financiar una fe determinada con los impuestos de todos los chilenos y chilenas. Los recursos públicos deben dirigirse a propósitos de interés general y distribuirse con reglas iguales, transparentes y sin discriminación religiosa”, recalcó.
En esa línea, Espinoza cuestionó que se asignen fondos del Minvu a estos centros y subrayó, además, que “hay familias que llevan más de una década esperando un subsidio y parece francamente incomprensible que se quieran destinar recursos para construir 22 iglesias, cuando en Chile son miles las familias que aún esperan una solución habitacional“.
Finalmente, enfatizó que “respetamos profundamente la libertad de culto y el trabajo de las comunidades religiosas, pero los fondos de la vivienda social tienen un objetivo: la casa propia y el barrio digno, incluyendo las actividades deportivas en esos barrios dignos”.
Gazmuri pide al Gobierno aclarar sus prioridades
Una crítica similar formuló la diputada Ana María Gazmuri (AH), integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, quien distinguió entre el derecho de las comunidades religiosas a contar con espacios para sus actividades y el uso de recursos del Minvu para financiarlos.
“Me parece totalmente legítimo que las comunidades religiosas cuenten con espacios para desarrollar sus actividades; sin embargo, aquí estamos hablando de otra cosa: estamos hablando de recursos del Ministerio de Vivienda, en un contexto de recortes y con cientos de miles de familias que aún esperan una solución habitacional. Por eso, como integrante de la Comisión de Vivienda, considero que el Gobierno debe explicar cuál es su prioridad”, afirmó.
“Si los recursos son limitados, si se están recortando programas y si persiste una crisis habitacional urgente, cuesta comprender que se asignen cerca de 5.900 millones de pesos a centros comunitarios de culto”, añadió.
En ese sentido, recordó los compromisos del Ejecutivo en materia de vivienda y reconstrucción, señalando que “se nos ha planteado acelerar la entrega de viviendas, abordar la emergencia habitacional y priorizar la reconstrucción”.
“El Gobierno también comprometió más de 400.000 millones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios y luego se habló de 465.000 millones en el marco de la Ley de Reconstrucción. Por lo tanto, esos recursos deben llegar efectivamente a las familias y traducirse en viviendas, barrios e infraestructura reconstruida”, indicó.
Así, finalmente, la diputada insistió en que “aquí no se trata de poner en duda la libertad religiosa, sino de preguntarnos si los recursos del Ministerio de Vivienda se están destinando a donde hoy existe la mayor urgencia social, porque mientras hay compromisos de entregar vivienda y reconstruir territorios afectados por catástrofes, cuesta entender que casi 5.900 millones de pesos se dirijan a esta línea de financiamiento”.
“Las prioridades importan y hoy, para las familias damnificadas, para quienes esperan una vivienda y para quienes siguen aguardando la reconstrucción de sus barrios, la prioridad debiera ser que esas soluciones lleguen efectivamente a sus hogares”, concluyó.
